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Desde 2007, el 29 de marzo se conmemora el Día de la Niñez Desaparecida, producto de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado salvadoreño por la desaparición forzada de las hermanas Serrano Cruz durante las Guindas de Mayo en 1982.
La Asociación Pro-Búsqueda afirmó que el secuestro de niñas y niños por parte de la Fuerza Armada mientras realizaban sus operaciones de tierra arrasada era una “práctica sistemática durante el conflicto armado”, pero, a pesar de que el Estado ha sido condenado internacionalmente en reiteradas ocasiones en casos de niñez desaparecida forzosamente, no ha implementado medidas que permitan obtener justicia transicional a las personas afectadas.
“El 29 de marzo de cada año, representa un gesto simbólico para la memoria de las familias víctimas, pero es una fecha también para recordarle al Estado, a sus órganos e instituciones, que también son responsables de alargar el dolor de los familiares”, afirmó la organización en un comunicado.
El 6 de octubre de 2022, el Estado salvadoreño tuvo una audiencia de seguimiento de las sentencias condenatorias en el caso de las hermanas Serrano Cruz (2005), Contreras y otros (2011) y Rochac Hernández y otros (2014) con las instituciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). El representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Erick Acuña, sostuvo tener preocupación por el estado actual de impunidad en los casos.
“Preocupa extremadamente la notable impunidad de los tres casos sin que el Estado haya informado de avances significativos en las investigaciones que permiten esclarecer los hechos y sancionar a personas responsables”, dijo.
En la audiencia, se reconoció que el Estado no ha acatado con lo central de las tres sentencias: individualizar a las personas responsables de las desapariciones forzadas, someterlas a un proceso de justicia y brindar acciones de reparación a las víctimas.
Por ello, la directora de Pro-Búsqueda, Ana Escalante, afirmó que cada 29 de marzo la institución conmemora el hecho, pero también exige justicia transicional para las víctimas. “No solo se recuerda a niñas y niños desaparecidos, sino que pone en la mesa la necesidad de procesos de reparación dignos”, dijo.
Además, pidieron al Estado que abran el acceso a los archivos de las instituciones involucradas en la desaparición forzada de niñas y niños (elemento que también se ordenó en las sentencias condenatorias al Estado salvadoreño), que se estudie y apruebe el proyecto de Ley de Justicia Transicional que se elaboró y validó en conjunto con las víctimas, que se agilicen los procesos de búsqueda de responsabilidades y se respeten las garantías fundamentales de las personas.
La Asociación Pro-Búsqueda ha contribuido a que 287 personas se reencontraran con sus familias, además de formar parte de las organizaciones litigantes en los tres casos que ayudaron a condenar al Estado por niñez desaparecida y de manejar su propio banco genético.
