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Fueron raptados en el contexto de la guerra civil.
Personas reencontradas y familiares de ellos, apoyados por la Asociación Pro-Búsqueda, acudieron a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para exponer sus exigencias como víctimas de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado a los diputados que se encuentran trabajando la Ley de Justicia Transicional.
“La guerra no la hicimos nosotros; eramos familias pobres. Necesitamos reparación y justicia. Los gobiernos pasados ninguno ha hecho nada, por eso estamos aquí exigiéndoles que se conozca la verdad y se haga justicia para los que hicieron esos crímenes”, dijo Francisca Romero, una de las víctimas de la práctica realizada por militares y guerrilleros del secuestro de niños.
Romero dijo que en las Guindas de Mayo que ocurrieron en la parte norte de Chalatenango en 1982, vio cómo los militares se llevaron 55 niños campesinos.
El director de Pro-Búsqueda, Eduardo García, detalló que muchos de estos secuestros se dieron en Chalatenango por los rasgos físicos de las personas del norte del país. De acuerdo con él, estos niños son de características más blancas que las de otros departamentos, por lo que se les podía favorecer cuando eran ofrecidos en adopción en el exterior.
También dijo que la mayoría de los casos de niños secuestrados se encontraban entre los 0 a los 5 años.
No solamente fueron los militares, dijo García, sino también las Damas de la Cruz Roja.
“Todos tenemos la misma sensación, aunque no hablemos el mismo idioma», dijo una de las niñas reencontradas, Magdalena Meléndez. Ella se refirió a diferentes casos de personas de países como Noruega, Francia u otros que no sabían que eran salvadoreños porque fueron llevados a esos países en su temprana edad.
Meléndez mencionó que todos los derechos que se encuentran en el artículo 1 de la Constitución. Los efectos que ha tenido en su vida ser víctima de desaparición forzada son psicológicos, pero también administrativos. “Tenemos que cambiar partida de nacimiento, DUIs, pasaportes, títulos, bachillerato, partidas de nacimiento de los hijos», dijo. Esto con el objetivo que tengan su apellido de su familia materna.
También, Pro-Búsqueda enfatizó que desde 2005 El Salvador debió construir un banco de información genética para que pueda ser utilizado a buscar personas víctimas de este fenómeno. Ese año, El Salvador fue declarado culpable en el caso de las Hermanas Serrano Cruz por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Los diputados de la comisión se dedicaron a escuchar las exposiciones de Pro-Búsqueda y las víctimas, y se comprometieron a cumplir con sus propuestas en la ley que está siendo creada, pero también en otras leyes, como la capacidad de los padres de poder buscar expedientes de sus hijos en alcaldías. «Le doy mi palabra que en honor a ese dolor, a esa memoria histórica que narran, nosotros estamos sentados con un compromiso de que lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer bien», manifestó la presidenta de la comisión, Rebeca Santos.
“Reconozco el hecho que estamos empezando a escuchar a organizaciones que representan víctimas y a las organizaciones de víctimas”, dijo la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz.
