domingo , agosto 7 2022

Representantes de las víctimas de la masacre El Mozote rendieron informe ante la Corte IDH, sobre el estado del caso jurídico

Este jueves los representantes de las víctimas de la masacre El Mozote rendieron informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos(Corte-IDH) , sobre el estado del proceso judicial histórico, sus avances y retrocesos en la actual coyuntura El Salvador.

El abogado de tutela Legal «Ma. Julia Hernández», Wilfredo Medrano, representante de familiares y víctimas se hicieron presentes en audiencia de la CIDH sobre el estado del caso jurídico por la masacre El Mozote, en El Salvador.

En audiencia por masacre de El Mozote ante Corte- IDH el juez de la causa, Jorge Guzmán Urquilla explicó la improcedencia de aplicar el Código Penal de 1973 por no estar en armonía con la Constitución, ser muy inquisitivo y no permitir la participación de las víctimas El Salvador.

Dice, que «entiende las inquietudes sobre qué norma aplicar pero que es un procedo complejo y el primero en su naturaleza», expresó Jorge Guzmán.

Por su parte, Wilfredo Medrano señaló ante Corte-IDH 3 importantes obstáculos para la obtención de justicia en el caso de masacre El Mozote en El Salvador:

1. Obstaculización de investigaciones por la negativa de Fuerza Armada a permitir la realización de inspecciones en sus archivos.

2. La necesidad de adoptar medidas adicionales para fortalecer el trabajo del Juzgado a cargo de la causa de El Mozote.

3. Apoyar en la eliminación de otros obstáculos que están presentando las víctimas en el acceso a la justicia como la pérdida de muestras genéticas.

Wilfredo Medrano, también denunció ante Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado salvadoreño tampoco ha contestado solicitudes del Juez Guzmán Urquilla con relación a la presentación de un listado de documentos que existirían en guarniciones militares donde se tendrían que realizar inspecciones.

Además denunció los señalamientos públicos del Presidente de la República dirigidos a deslegitimar la investigación y oposición a una sentencia judicial, afirmando que el Juez no tenía jurisdicción sobre las Fuerzas Armadas para realizar inspecciones en cuarteles.

«De igual forma, el Presidente señaló que los archivos relacionados con el caso fueron destruidos, escondidos o trasladados a otro lugar durante administraciones anteriores, pero sin presentar pruebas ni rastros para identificar actas de expurgo o registro de archivos destruidos», explicó Medrano.

El representante de la víctimas, Wilfredo Medrano dijo que mientras las inspecciones en archivos militares no se realicen, no será posible determinar si los señalamientos del Presidente, respecto a que la información requerida no existe, son ciertos.

Por su parte la representante de Cejil, Camila Ormar enfatizó que es los últimos 10 años, el Estado salvadoreño no ha adoptado medidas oportunas para acceder a archivos relacionados a casos de graves violaciones a los Derechos Humanos, por lo que considera urgente que Corte-IDH emita guías.

«Consideró urgente que la CIDH emita guias claras en relación con las medidas que el Estado debe adoptar para dar cumplimiento a esta obligación», agregó Camila Ormar.

La representante de Cejil, sugiere la creación de un nuevo ente donde se puedan transferir archivos en manos de la institución militar que tengan que ver con graves violaciones a Derechos Humanos y que sea de acceso público.

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