Desde el pasado 13 de junio, comunidades indígenas en las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura comenzaron una jornada de protestas exigiendo al gobierno del presidente, Guillermo Lasso, reformas de seguridad ciudadana, respeto a los derechos laborales, sociales y económicos debido a la inflación y desempleo que impacta Ecuador.
Las manifestaciones han sido lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), junto a grupos de estudiantes, trabajadoras y otras organizaciones sociales; bloqueando carreteras principales en diferentes puntos del país.
Ante las diferentes manifestaciones, el 17 de junio, Lasso emitió por medio de un video en su cuenta oficial de Twitter un “llamado al diálogo” a los manifestantes afirmando que la violencia a causa de las manifestaciones “pone en riesgo” la vida de los ecuatorianos.
Sin embargo, a pesar de llamado, el presidente estableció el régimen de excepción a partir de la primera hora del 18 de junio en las provincias de Pichincha, Imbabura y Cotopaxi.
El mandatario alegó estar “comprometido a defender la capital y a defender el país”.
Hasta el momento, las fuerzas armadas se han desplazado para las “misiones“ de dar seguridad en contra de la delincuencia a causa de las manifestaciones. Sin embargo, según diferentes medios nacionales ecuatorianos y testimonios de los ciudadanos, se han cometido diferentes actos de violencia hacia los manifestantes.
Leonidas Iza, líder de la confederación indígena, expuso por medio de un video por medio de Twitter que “esta lucha la vamos a defender colectivamente hasta conseguir resultados”, después de haber sufrido un atentado contra su vida.
Ante esto, diferentes asambleístas de la Asamblea de la Republica de Ecuador, emitieron un comunicado en contra del régimen, exigiendo al gobierno “corregir las acciones y actos que han resultado erráticos, improvisados e ineficientes para solucionar los problemas de la ciudadanía”.
