sábado , julio 2 2022

Señalan impactos económicos a familias de personas detenidas en el régimen de excepción

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral señaló afectaciones económicas a personas detenidas y familiares. Además, aseguran que dichas capturas se consideran desapariciones forzadas.

Por Diana Rivas, periodista de VOCES


Las capturas realizadas a personas durante el régimen de excepción, ha afectado económicamente a las familias de las personas detenidas, donde en muchos casos han recurrido a realizar préstamos para poder saber dónde está su familiar detenido por la policía o el ejército, pagar cuotas de alimentos o de ropa que el gobierno vende a las personas detenidas y recolectar documentos legales para demostrar la inocencia de sus familiares, aseveró la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL).

La Mesa aseguró que las personas capturadas y posteriormente liberadas han perdido sus empleos o fuentes de ingresos a raíz de la detención. “Si la persona no se presenta a su trabajo, pues se considera abandono de trabajo. Si ahorita estamos hablando de que ya no estamos con 72 horas sino 15 días, eso significa que aquellas personas que estaban trabajando ya no tienen trabajo y a veces muchos de ellos eran el único sustento de su familia”, explicó Patricia Vásquez, integrante de la Mesa Judicial.

De acuerdo con el artículo dos de la Constitución de la República, “toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”.

También, indicaron que dichas detenciones son consideradas desapariciones forzadas. En un informe, realizado en conjunto por Human Rights Watch y Cristosal reiteraron que cuando las autoridades se resisten a dar información de la persona detenida sobre su paradero esto puede ser considerado desaparición forzada, lo cual está prohibida por derecho internacional, incluso en estados de emergencia.

Ante esta situación, la MPJL exigió el cese de detenciones a personas que viven en zonas estigmatizadas por la violencia, que las autoridades brinden información a las familias sobre los detenidos, y el cese a la criminalización a los medios de comunicación.

*Foto tomada del Twitter de la Mesa por la Justicia Laboral

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