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A pocos días de finalizar el mes del Orgullo LGTBIQ+, y días después de la marcha en el que personas de la población LGBTIQ+ salieron a las calles de San Salvador para exigir el respeto pleno de sus derechos humanos, la Federación LGTBIQ se pronunció esta mañana debido al silencio estatal con relación a la aprobación de una Ley de Identidad de Género y el reconocimiento de sus derechos.
“La Ley de Identidad de Género continúa siendo una deuda del Estado de El Salvador. Llevamos 4 meses que se venció el plazo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio a la Asamblea Legislativa y no vemos ninguna voluntad de parte de la Comisión de Género y la Mujer (Comisión de la Mujer e Igualdad de Género) a que se estudie y se apruebe. En reiteradas ocasiones hemos enviado peticiones de reunión a la comisión, pero las únicas respuestas que hemos recibido es un silencio absoluto”, aseveró la organización en un comunicado.
En 2022 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Asamblea Legislativa, a través de una sentencia, que reformara la Ley de Persona Natural y abriera procedimientos sin discriminación para el cambio de nombres de las personas trans. El plazo de tiempo que se les otorgó a los diputados venció en febrero de este año. A la fecha, no ha habido avances.
Desde la llegada del actual gobierno, la población LGTBIQ+ se ha enfrentado a una serie de retrocesos en materia de derechos humanos y a la falta de interés del Estado salvadoreño en legislar políticas integrales que favorezcan y mejoren su calidad de vida, según señaló recientemente el Bloque de Disidencia Sexual Antifascista.
En una pasada entrevistas en febrero de este año entre VOCES y Amalia Leiva, activista trans e integrante del equipo del área de inclusión social del programa de litigio estratégico de Cristosal, ejemplos de los retrocesos a lo largo de los cuatro años de esta administración son la reducción de espacios seguros de la población LGTBIQ+, el cierre de la Secretaría de Inclusión Social, la desarticulación de mesas temáticas del Ministerio de Trabajo, el archivar un anteproyecto de Ley de Identidad de Género, así como el continuar ignorando el tema y las necesidades de la población LGBTIQ en el sistema educativo y de salud.
“Al no tener un procedimiento para que las poblaciones trans cambien de manera legal su nombre, es violatorio a los derechos humanos porque no les permite llevar a cabo su proyecto de vida, que al final se resume en el artículo de la Constitución que el principio y fin del Estado es la persona humana”, sostuvo Bessy Ríos, integrante de la organización.
“Se reconoce a las personas trans como seres humanos merecedores de todos los derechos en igualdad de condiciones. Esta legislación al no permitirles el cambio les violenta su proyecto de vida, es decir que es una ley estigmatizante, victimizante, violentadora y agresiva para nuestras poblaciones”, agregó.
La Federación también condenó la existencia de discursos de odio de diferentes grupos, incluidos funcionarios públicos, en contra de la población LGTBIQ+, activistas y organizaciones de derechos humanos.
“Necesitamos construir una sociedad más justa, donde los estigmas, los prejuicios, la impunidad y la discriminación no sean lo que prevalezca. Una sociedad en donde todas las personas sean reconocidas, visibilizadas y con todos los derechos para desarrollar una ciudadanía plena, una sociedad incluyente, donde todas las personas se sientan orgullosas y orgullosos por ser quienes somos”, indicaron.
