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El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), junto al Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador y otra organización, solicitaron esta mañana al director del Instituto de Medicina Legal, Dr. Roberto Masferrer, que brinde un listado oficial sobre las personas fallecidas durante el régimen de excepción, aprobado desde hace más de un año y aún en vigencia.
Que “se nos proporcione el listado oficial completo de personas que han fallecido en el interior de los centros penales a nivel nacional, desde que entró en vigencia el régimen de excepción desde marzo de 2022 a la fecha”, subscribieron las organizaciones en una carta que fue recibida por la institución.
Hasta inicio de mayo, las personas capturadas por supuestos vínculos con grupos criminales ascendían a 68,579, según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. En ese mismo mes, la Asamblea Legislativa aprobó por décimo cuarte ves esta medida.
De los más de 60 mil capturados, cerca de 5 mil han sido liberados, según el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro.
Por su parte, la organización de derechos humanos Cristosal, que ha mantenido un registro de vulneraciones y denuncias de la sociedad civil desde inicios del régimen de excepción, registró 160 casos de muertes dentro de los centros penales hasta finales del mes pasado.
Casi la mitad de estos casos fueron muertes violentas confirmadas, posibles o sospechosas, y cerca de un quinto fueron causadas por la “negligencia deliberada en la provisión de asistencia médica, medicamentos y alimentos”, señalaron representantes de la organización recientemente.
Asimismo, Cristosal determinó a través de una investigación que dentro de los centros penales se practican actos que van desde golpizas, malos tratos al ingreso desde los centros penales, condiciones inhumanas carcelarias, hacinamiento, encierro prolongado en celdas de castigo, la falta de agua para consumo y otros usos, choques eléctricos y uso de gas pimienta, entre otros.
Según MOVIR, junto a las otras organizaciones, una constante que ha prevalecido en los casos de personas detenidas durante el régimen excepción es la falta de información, provocando que los familiares de estos se mantengan en incertidumbre y estado de ansiedad.
Esta situación es crítica para las familias de los detenidos, aseveraron las organizaciones en la carta.
Debido a esto, reiteraron la necesidad de un listado oficial de los fallecidos dentro de los centros penales, puesto que con esta información podrán constatar si “alguna de las personas fallecidas pertenece a alguno de los grupos familiares que demandan libertad para presos y presas inocentes, pues conocemos de algunos casos donde las personas son sepultadas sin haberse corroborado su identidad”, señalaron.
Con edición de Diego Hernández
