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La Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta, junto a otras organizaciones, lamentaron la suspensión por segunda vez de la repetición de la vista pública en contra ambientalistas de Cabañas que estaba programada para este 9, 10 y 11 de abril.
“Todo estaba listo para la realización. No obstante, a pocas horas del inicio previsto de la audiencia el juzgado notificó la suspensión. Consideramos que la suspensión de la nueva vista pública es la confirmación de una estrategia dilatoria en este caso”, manifestó ADES en un comunicado de prensa.
El Tribunal de Sentencia de San Vicente en donde se ventila el caso notificó en horas de la tarde de ayer, 8 de abril, la suspensión. El motivo fue un presunto problema logístico y de designación de espacio físico en el Centro Judicial de Segunda Instancia, San Salvador, donde había sido programado el juicio.
Para las organizaciones que apoyan el caso, la justificación que brindó el tribunal es “sospechosa y poca creíble”. Lo calificaron además como una “falta de respeto” y “falta de consideración”, pues la nueva suspensión supone un acto premeditado para alargar el proceso y el sufrimiento de los líderes ambientalistas imputados, según declararon defensores de derechos humanos que acompañan el caso.
Los ambientalistas son acusados por los supuestos delitos de secuestro y asesinato en contra de una mujer el 22 de agosto de 1989, en Santa Marta, Cabañas, durante el conflicto armado. Entre los imputados, exguerrilleros, se encuentran: Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García y Saúl Agustín Rivas Ortega.
Todos ellos fueron absueltos por los supuestos delitos en octubre del año pasado. La Cámara de lo Penal de Cojutepeque anuló la absolución y ordenó rehacer el proceso judicial.
La repetición de la vista pública, en primer lugar, fue programada para el pasado 3 de febrero, pero se suspendió tras la inasistencia de los ambientalistas. Estos declararon en una carta pública su desconfianza en el proceso y el sistema de justicia. Tras esto, el tribunal ordenó la recaptura y declaró a los líderes en estado de rebeldía.
La nueva fecha para la vista pública está programada para los próximos 26, 27 y 28 de mayo.
“Confirmamos nuestra denuncia que la realización de una nueva vista pública es en la práctica un doble juzgamiento y esto representa una violación flagrante del elemental principio del debido proceso penal, según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo caso”, dijeron también en el comunicado.
A lo anterior, sumaron su preocupación en tanto que Hugo Banzer Flores Alas, el juez a cargo del caso, habría participado durante el conflicto armado en la extinta Guardia Nacional. Por esto, que configuraría un conflicto de intereses, las organizaciones exigieron apartar del proceso al juez Alas.
A la Fiscalía General de la República y las autoridades del sistema de justicia también demandaron poner un fin a la criminalización de los ambientalistas y finalizar la persecución contra el activismo ambiental.
Con edición de Diego Hernández
