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“Tanto El Salvador como Estados Unidos son responsables por las víctimas, y deben asumir la responsabilidad en la dimensión que le corresponde a cada uno”, aseveró Cristosal en un reciente análisis, luego de la liberación de más de 250 personas venezolanas que permanecieron recluidas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, durante más de tres meses.
El pasado 18 de julio, los venezolanos regresaron a su país de origen, tras un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. En redes sociales han circulado videos en los que personas liberadas denuncian haber sufrido malos tratos físicos y psicológicos mientras permanecieron privadas de libertad en El Salvador.
“Hoy hemos entregado a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua (…) Tal y como se le ofreció al régimen venezolano en abril, realizamos este intercambio a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos, personas que ese régimen mantenía en sus cárceles durante años, así como de todos los ciudadanos estadounidenses que tenía retenidos como rehenes”, anunció el presidente Nayib Bukele en su cuenta de X, el mismo día.
En este contexto, Cristosal cuestionó el rol que desempeñaron los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos. “El mecanismo empleado para el retorno de las víctimas y su canje por prisioneros del sistema venezolano se acerca más a un intercambio de rehenes, ejecutado por fuera de todo control del derecho internacional humanitario, lo que implica que los Estados involucrados han reconocido tener prisioneros de forma ilegítima, en contra de normas internacionales de derechos humanos”, señaló la organización.
Entre otros aspectos, la organización de derechos humanos también denunció que El Salvador y Estados Unidos pretenden deslindarse de la responsabilidad sobre los venezolanos detenidos. Mientras El Salvador ha alegado que no realizó las detenciones ni las transferencias de dichas personas al sistema penitenciario salvadoreño, Estados Unidos ha dicho que, tras las deportaciones al CECOT, carece de jurisdicción sobre los detenidos, se expone en el análisis.
“El Estado salvadoreño debe asumir su responsabilidad respecto del control material que ejerció sobre las víctimas y asegurar la reparación de los daños causados, así como prevenir futuras dinámicas de desaparición forzada, de acuerdo con los estándares internacionales”, figuró entre otras de las conclusiones de la organización.
