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Más de una treintena de organizaciones expusieron y evidenciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que El Salvador es un país que violenta derechos humanos y limita las libertades de expresión, prensa, y otros.
“Llevamos años denunciando las violaciones a derechos humanos por diferentes motivos. El régimen viola una multiplicidad de derechos humanos, pero ahora, no estamos hablando únicamente del régimen de excepción; estamos hablando de que en El Salvador se cometen violaciones a derechos humanos de diversa índole”, sostuvo Belissa Guerrero, coordinadora de incidencia en Amnistía Internacional para las Américas.
Las organizaciones de derechos humanos aseveraron ante la CIDH que El Salvador es escenario de múltiples violaciones a derechos humanos, tanto las causadas a raíz de la entrada en vigor del régimen de excepción, como otras que han ocurrido históricamente en el país. Entre estas relacionadas a la materia de género como la criminalización y penalización absoluta del aborto, pero también otras relacionadas a víctimas del conflicto armado, verdad, justicia y reparación.
Sobre el régimen de excepción sostuvieron que, a la fecha, los cuerpos de seguridad han capturado más de 80 mil personas, pero que estos procesos se han llevado a cabo bajo una ausencia de pruebas, configurándose así detenciones arbitrarias e ilegales. Durante la aplicación de esta medida insignia del actual gobierno para solventar la inseguridad pandilleril en El Salvador, también las organizaciones han registrado las muertes de 265 muertes dentro de centros penales (entre estos cuatro menores de edad).
“Los problemas estructurales en materia de seguridad no se resuelven con detenciones masivas y arbitrarias. Ahora tenemos un Estado que violenta derechos humanos y actúa impunemente”, indicó Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA).
En este contexto, también denunciaron que la falta de información pública ha sido otra de las características de la actual administración, sumado a la falta de voluntad de dialogar, el poder concentrado, narrativas estigmatizantes para las organizaciones, defensores de derechos humanos, la prensa, y más.
Sin embargo, la representación del Estado salvadoreño durante la audiencia negó tal escenario. “Debo iniciar rechazando de forma categórica y contundente, las aseveraciones que muy alejadas de la realidad y de manera poco infundadas se han expresado en esta audiencia”, alegó Alexandra Hill, canciller salvadoreña.
El comisionado nacional para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, también indicó que en El Salvador se llevan a cabo políticas de Estado basada en derechos humanos y estándares internacionales. “En El Salvador no hay torturas. Aquí no se asesinan personas”, dijo respecto de las muertes dentro de centros penales. Añadió que las personas, cuando están privadas de libertad, se enferman y tienen otros tipos de problemas, que los llevan a una muerte supuestamente natural.
Para Abraham Ábrego, de Cristosal, si la aparente apertura de espacios de diálogo que la representación del Estado salvadoreño afirmó ante la CIDH fuera real, este escenario abonaría a generar un análisis más amplio sobre la situación de derechos humanos.
Con edición de Diego Hernández
