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Las miles de víctimas del conflicto armado aclaman y exigen una “Ley de Justicia Transicional, ya” a un Estado salvadoreño que continúa postergando la verdad, la justicia, reparación, garantías de no repetición y que intenta negar la memoria histórica.
Más de tres décadas han transcurrido desde que finalizó el conflicto armado salvadoreño con la firma de los acuerdos de paz, logros que para la actual administración fueron una farsa, como lo ha repetido en reiteradas ocasiones Nayib Bukele en sus discursos.
Pese a los años, las víctimas que vivieron aquella década, que sufrieron los estragos de la represión estatal, que perdieron a sus seres queridos por las masacres, asesinatos masivos, familiares de niñas y niños desaparecidos forzosamente, las personas que fueron víctimas de persecución política, tortura, y otras graves violaciones a derechos humanos; todavía recuerdan y piden verdad y justicia.
La respuesta constante del Estado ha sido la negativa de tales derechos y la permanencia de un estado de impunidad. En pleno 2024, ninguna persona responsable de violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad como las perpetradas en la masacre de los 4 periodistas holandeses, el caserío El Mozote y lugares aledaños, y otras más, ha sido condenada y juzgada.
Por el contrario, las mismas víctimas y las organizaciones que las acompañan han advertido del estancamiento de procesos judiciales y el uso por parte de las personas que defienden a los supuestos actores e involucrados en los casos de violaciones a derechos humanos, de mecanismos que obstaculizan el avance de estos. El acceso a los archivos militares, que podrían brindar pruebas sobre estos y más casos, continúan negándose por parte de la institucionalidad salvadoreña, según las víctimas.
A este escenario se suma, además, la decisión de la nueva Asamblea Legislativa de archivar la propuesta de ley de justicia transicional creada por las organizaciones y víctimas del conflicto armado y entregada en 2021 a la extinta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, tras el dictamen de 2016 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que derogó la Ley de Amnistía y ordenó a los diputados una ley en materia de justicia transicional.
“¡Ley de Justicia Transicional, ya!” fue una campaña que impulsó la Mesa Contra la Impunidad de El Salvador (MECIES) para recordar al Estado salvadoreño la necesidad de esta ley para que la sociedad transite hacia una reconstrucción de su tejido social tras las graves violaciones a derechos humanos y para dignificar la lucha histórica de verdad y justicia de las víctimas, pues son estas quienes con el pasar del tiempo fallecen mientras el Estado las ignora y prorroga esta deuda.
“Las víctimas del conflicto armado han luchado por obtener verdad, justicia, reparación, medidas de no repetición y memoria histórica; y están falleciendo sin poder obtenerlas”, señaló la MECIES en su campaña.
Con edición de Diego Hernández
