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Desde 2018 suman más de 160 organizaciones y asociaciones cerradas por la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo. Organizaciones internacionales de derechos humanos señalan a Daniel Ortega de desmantelar toda voz crítica desde la sociedad civil.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó con 74 votos a favor y 15 abstenciones suspender la personería jurídica de 25 organizaciones de la sociedad civil. La solicitud de cancelación se hizo a través del Ministerio de Gobernación bajo el argumento de que las asociaciones no cumplieron con la obligación de reportar sus estados financieros, sus juntas directivas y las donaciones provenientes del exterior.
“Las entidades relacionadas en esta solicitud de Cancelación de la Personalidad Jurídica han desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuando contra ley expresa”, afirmó la exposición de motivos de cancelación enviada por el diputado sandinista, Filiberto Rodríguez López.
Entre las oenegés canceladas está la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) y la Fundación Luisa Mercado, fundada por el exvicepresidente de Nicaragua y escritor, Sergio Ramírez.
El director ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, mencionó ayer en conferencia de prensa que esperaban que esto pasara tarde o temprano. “No hay voluntad de parte del gobierno que haya organizaciones de derechos humanos que estemos documentando los abusos que se cometen en nuestro país”, expresó.
También lamentó que la cancelación de la personería jurídica se esté llevando a cabo en el contexto del 45 aniversario de la CPDH.
Sobre el hecho, la periodista exiliada e integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Wendy Quintero, dijo a VOCES que estas acciones violan los derechos de las personas nicaragüenses. “Todo esto es realizado por orden del régimen Ortega-Murillo. Violenta completamente los derechos humanos de la población nicaragüense que no podrá ser beneficiada por estas organizaciones. Son acciones que forman parte de la estrategia de persecución y criminalización del derecho a la asociación y participación ciudadana”, afirmó.
La directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, se pronunció en Twitter sobre el hecho. “Ortega ordenó la clausura de 25 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la CPDH, que hace décadas defiende derechos humanos en Nicaragua. Van más de 160 organizaciones que han sido canceladas desde 2018. El objetivo es el total desmantelamiento de la sociedad civil”, mencionó.
