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Han pasado 34 años desde el estallido de dos bombas en San Salvador en contra del Comité de Madres “Monseñor Oscar Arnulfo Romero” (COMADRES) y la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS) el 31 de octubre de 1989.
“Hay prueba suficiente de que los atentados con explosivos contra los locales de COMADRES y FENASTRAS el 31 de octubre de 1989, formaron parte de una práctica sistemática y reiterada de atentados con la vida, integridad física y la libertad de los miembros de esas entidades”, concluyó la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas en su informe “De la locura a la esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador”.
De acuerdo con esta Comisión, los hechos tuvieron lugar en diferentes horas. El primero, cuando desconocidos colocaron una bomba en la entrada del local de COMADRES, una organización que durante el periodo del conflicto armado (y en la actualidad) lucharon por la defensa de los derechos humanos de sus familiares víctimas de desaparición, ejecuciones extrajudiciales, entre otros.
La segunda bomba se colocó al medio día en el local de FENASTRAS, una organización sindical que aglutinó, durante los años de guerra, a centenares de personas trabajadoras en el país.
La primera bomba hirió a cuatro personas, incluida una menor de edad. Mientras que la segunda causó la muerte de nueve personas y más de 40 heridos.
Entre los fallecidos se encontraban los sindicalista Ricardo Humberto Cestoni, Carmen Catalina Hernández Ramos (cocinera en la federación), José Daniel López Meléndez, Julia Tatiana Mendoza Aguirre, Vicente Salvador Melgar, María Magdalena Rosales (estudiante e hija de un dirigente sindicalista), Rosa Hilda Saravia de Elia (cocinera), Luis Edgardo Vásquez Márquez y Febe Elizabeth, secretaria de Relaciones Internaciones de FENASTRAS.
Las investigaciones al respecto iniciaron en octubre de 1989, por parte del Juzgado Segundo de Paz de San Salvador. Sin embargo, el caso fue cerrado en 2011 debido a la Ley de Amnistía General aprobada por la Asamblea Legislativa en 1993.
Posterior a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, decretada por la Sala de lo Constitucional (CSJ), en 2017 los sobrevivientes y familiares de las víctimas del atentado presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual un año después solicitó al juzgado (que llevó desde un inicio la causa penal) la apertura. En 2018 el juzgado declaró “nulidad absoluta del sobreseimiento definitivo” y abrió el caso.
Entre los pasos más recientes sobre la investigación de la bomba, en enero de este año (2023), tres militares de alto rango durante la década de 1980 declararon ante el juzgado en calidad de testigos. Los militares citados fueron Juan Carlos Carrillo Schlenker, exdirector de la extinta Guardia Nacional; Héctor Heriberto Hernández, exdirector de la Policía de Hacienda y el general Rafael Humberto Larios, exministro de la Defensa Nacional.
Con edición de Morena Villalobos
