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Las iniciativas presentadas son variaciones de la iniciativa 5377 de la Ley de Amnistía tramitada en 2019 y archivada en 2021, por vulneración al derecho de acceso a la justicia.
En una resolución difundida el lunes 23 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) extendió las medidas que protegen el derecho de acceso a la justicia a víctimas de 14 casos de severas transgresiones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado. Además, la Corte ordenó al Estado de Guatemala cesar el trámite de las iniciativas de ley que pretenden establecer una amnistía, o dejarlas sin efecto, en caso de que alguna de estas resulte aprobada.
La respuesta del más alto tribunal de derechos humanos de la región señala “que de seguir adelante con la tramitación de las iniciativas que pretenden amnistiar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, constituiría un desacato y tendría un impacto irreparable en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”, enfatizó la CIDH.
La CIDH considera que las iniciativas de Ley imponen la revisión de oficio que condena por delitos, procesos penales o investigaciones en curso relacionadas con crímenes cometidos durante el conflicto armado entre los años de 1960 a 1996.
De aprobar esta clase de amnistías que procuran la impunidad, se pone en peligro la justicia ya obtenida o en camino para las víctimas y se aseguran beneficios inmediatos para sindicados, imputados y condenados, quienes podrían acceder a una libertad inmediata.
“Confiamos en que la Corte de Constitucionalidad actúe en consecuencia de sus fallos anteriores y favorezca el acceso a la justicia, es lo que la sociedad guatemalteca merece y demanda”, señaló Gisela De León, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
