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Un conglomerado de organizaciones salvadoreñas reveló que, a tres años del régimen de excepción, el número de víctimas de violaciones a los derechos humanos asciende a 6,889, según sus registros. El régimen fue probado por primera vez el 27 de marzo del 2022.
El dato surge de las denuncias recibidas por Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), el Servicio Social Pasionista (SSPAS), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPAD), Azul Originario, AMATE, y la Red de Defensoras.
De acuerdo con las mismas, el principal responsable de las casi siete mil violaciones a derechos humanos fue la Policía Nacional Civil (PNC): el 75% lo indicó así. Sin embargo, al sumar las denuncias en las que señalaron como responsable a la PNC, junto a miembros de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES), el porcentaje supera el 82%.
Otro de los datos que evidencia el informe de las organizaciones es que las personas más afectadas fueron las de género masculino (5720), seguido del género femenino (1110). Los casos de mujeres trans fueron 34 casos y 5 los de hombres trans. Sobre el rango etario, las personas más violentadas fueron las de entre 19 y 30 años, que representó más de la mitad de los casos recibidos.
“El énfasis del régimen de excepción está puesto en personas jóvenes”, indicó la directora del IDHUCA, Gabriela Santos, durante una conferencia en la que expusieron los hallazgos.
Reiteraron como un fenómeno constante que las detenciones arbitrarias continúan siendo los hechos violatorios más cometidos, seguido de la falta al debido proceso, allanamiento de morada, la desaparición forzosa, tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros.
Añadieron que contabilizan a la fecha más de 300 muertes al interior de centros penales a consecuencia de falta de atención médica, golpes o tortura, falta de medicamento y falta de alimentos o agua.
“Que se investiguen las denuncias de capturas arbitrarias e ilegales con el fin de liberar y reparar a las personas que han sufrido la violación a sus derechos humanos”, exigieron las organizaciones al Estado salvadoreño. Esta exigencia la han reiterado desde el inicio del régimen de excepción; medida que abandera el actual gobierno y que durante su período ha hecho eco en la región, incluso, llevándose a la práctica en algunos países centroamericanos como Honduras.
Con edición de Diego Hernández
