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Una nueva carta con exigencias puntuales fue presentada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, la cual ignoró las peticiones que en otra misiva le hicieron el 20 de julio pasado en el marco de los seis años desde la derogatoria de la Ley de Amnistía, fallo que obliga al legislativo a crear una ley de justicia transicional.
Más de una treintena de comités de víctimas y organizaciones de derechos humanos, que integran tres articulaciones sociales, respaldaron una carta entregada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, en la que exigen no dilatar más la discusión y aprobación de la Ley de Justicia Transicional, la cual debe tener “al centro a las víctimas”.
“Exhortamos a los diputados a dejar cualquier tipo de sesgo y que pongan a las víctimas en el centro de la discusión”, expresó en rueda de prensa Rafael Segura, miembro del Comité de Ex Presos Políticos de El Salvador (COPPES).
Añadió que esta legislatura, como en las demás y en los gobiernos anteriores, “han hecho caso omiso de esta ley que es de las víctimas y para las víctimas. No puede negarse que hemos presentado una propuesta”, expresó mientras sostenía un ejemplar de la propuesta presentada el 7 de octubre de 2021.
Por su parte, la abogada Irene Gómez, de la unidad de justicia transicional de Cristosal, explicó que una primera misiva se entregó el pasado 20 de julio, pero esta fue ignorada.
“La carta fue admitida por la Asamblea Legislativa y se recibió. Sin embargo, a la hora de ingresar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos no se quiso recibir alegando la diputada (Rebeca Santos, presidenta de la comisión) que no iba dirigida personalmente a ella”, explicó.
El contenido de la carta anterior fue abordado en la comisión hasta que la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, hizo referencia a la misma y la necesidad de saldar la deuda de verdad y justicia con las víctimas del conflicto. “Cada día que pasa es crítico para las víctimas de la guerra”, expresó la parlamentaria el 16 de agosto en reunión de la referida comisión.
La carta ha sido respaldada por los comités de víctimas y organizaciones que integran la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), del Grupo Gestor para la aprobación de la Ley de Reparación Integral para Víctimas del Conflicto Armado y de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro–Memoria Histórica.
El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una histórica sentencia que expulsó del ordenamiento jurídico salvadoreño la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, norma que representó un obstáculo legal que por más de 23 años impidió que las víctimas de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de graves violaciones de derechos humanos sucedidos durante el conflicto armado, conocieran la verdad y tuvieran acceso a la justicia, expusieron las organizaciones en la carta.
No obstante que esta sentencia ordenó a la Asamblea Legislativa que apruebe una Ley de Justicia Transicional, el mandato no ha sido acatado.
