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Las personas encuestadas por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) con relación al primer año del régimen de excepción reveló que la población aprueba la medida, pero la mayoría de las personas no conocen cuáles son los derechos constitucionales suspendidos con el régimen, y al ser consultadas sobre las situaciones ocurridas debido a los derechos suspendidos, las personas no están de acuerdo con los efectos del congelamiento de estos.
El 75.7% de las personas manifestó no conocer cuáles derechos constitucionales fueron suspendidos con la implementación del régimen de excepción hace 1 año. De las personas que aseguraron que sí conocían cuáles eran, el 86.3% no mencionó la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, el 79% no mencionó el respeto al plazo de detención administrativa, el 63.9% no mencionó la libertad de reunión y asociación y el 51.9% no mencionó el derecho a la defensa.
Sin embargo, cuando se les consultó a las personas si estarían de acuerdo con las situaciones ocurridas y que ahora son permitidas debido al régimen de excepción, las personas manifestaron estar en desacuerdo con ellas.
El 52.6% está en desacuerdo con recapturar a personas que ya tenían cerrados sus proceso penales, ya sea porque se les declaró inocentes o porque cumplieron su condena, el 67.3% no está de acuerdo con la suspensión del derecho a la defensa, el 73.6% no está de acuerdo con que se realicen capturas sin orden judicial, el 74.1% no está de acuerdo con detener a una persona por más de 72 horas sin explicar la razón de la detención y el 88% no está de acuerdo con que las autoridades no informan sobre muertes en los centros penitenciarios, ni que le informen oportunamente a familiares de las personas detenidas.
Solamente en una de los efectos de la suspensión de derechos, la intercepción de las telecomunicaciones sin orden judicial, el 50.2% de las personas está de acuerdo.
La población aprobó el régimen de excepción con una nota de 7.92, pero al delimitarles claramente cuáles son los efectos reales de la suspensión de los derechos que esta medida ha permitido, se revela una oposición mayoritaria a los efectos del régimen de excepción.
Por otro lado, el 94.2% de la población encuestada no sabe qué es el Estado de Derecho, el 53.1% desconoce qué es la democracia y el 55.2% no conoce qué son los derechos humanos.
A pesar de ello, el 59% de las personas manifestaron que se debe prorrogar el régimen de excepción. Solamente un 37.5% expresó que se deben buscar otras opciones para combatir la delincuencia.
