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El Observatorio de Derechos Humanos (OUDH), unidad investigativa del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), presentaron el informe “Pienso dos veces antes que aparezca mi nombre”, el cual evidenció los actuales obstáculos para la libertad de expresión y prensa en el país
El informe resaltó, en primer lugar, la obstaculización que existe en torno a la información pública. Sobre esto, aseguraron que ninguna de las instituciones estatales cumplió las expectativas con la entrega y subida de información oficiosa en 2023. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Desarrollo Local y Casa Presidencial (CAPRES) fueron las que más incumplieron, determinaron.
Sobre la misma materia, se refirieron también sobre las respuestas de solicitud de información pública. En 2023, 19 instituciones estatales recibieron 1,455 solicitudes, de las cuales, según reportaron los mismos en los portales de transparencia, el 49.48 % fueron respondidas totalmente, pero el 8.72 % de manera parcial, y el 16% de forma incompleta.
En este sentido, las organizaciones enfatizaron que, en la actualidad, existe un “alto porcentaje de incumplimiento institucional” a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.
“La política de Estado actual es la obstaculización al acceso a la información pública tanto a la ciudadanía en general como a los periodistas”, sostuvo la directora del IDHUCA, Gabriela Santos.
Santos indicó que a este escenario se suma el contexto generado para ejercer el periodismo por el régimen de excepción, caracterizado por el abuso de poder, la fuerza y la falta del debido proceso; así como la concentración del poder actual. Esto, señaló la defensora de derechos humanos, ha dado lugar a que las personas periodistas se autocensuren, sean víctimas de agresiones, ataques, amenaza y acoso, y la desacreditación ante las audiencias ante discursos provenientes desde altas autoridades como el presidente de la República y otros funcionarios.
“Hay casos en donde la autocensura ha implicado también que algunas personas dejen de ejercer el periodismo por temor a las consecuencias que esto pueda acarrear para sus vidas y las de sus familias; y esto también es gravísimo”, dijo.
“No hay garantías para ejercer el periodismo actualmente. Aun cuando desde el discurso oficial se empiece a insistir que no hay periodistas agredidos o asesinados, hay distintas formas de ir matando de a poco el periodismo”, añadió.
Las organizaciones llamaron al Estado salvadoreño a establecer mecanismos de monitoreo para asegurar el cumplimiento sobre el derecho a la libertad de expresión, así como a revisar, desde las instituciones competentes, las prácticas para prevenir violaciones a la liberta de expresión y al derecho de acceso a la información.
Con edición de Diego Hernández
