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La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) envió a la Corte Penal Internacional (CPI) un informe que documenta un total de 433 muertes de personas privadas de libertad y otras graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 27 de marzo de 2022 y la fecha, en el marco del régimen de excepción.
“Entregamos un informe en el que explicamos todo el contexto del régimen, los delitos internacionales que hemos identificado conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma y las pruebas correspondientes. Incluimos uno a uno los nombres de las personas que fueron procesadas penalmente por el delito de agrupaciones ilícitas, pero que murieron antes de la segunda audiencia. Esa es la característica principal del grupo de 433 personas que aparecen en el informe”, confirmó a VOCES la directora del SJH, Ingrid Escobar.
De acuerdo con la organización de derechos humanos, el informe también incluye casos de tortura, tratos crueles e inhumanos al interior de los centros penitenciarios, desapariciones forzadas de “cientos de personas” y detenciones arbitrarias.
El presidente Nayib Bukele; el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; y el titular de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Osiris Luna, figuran como las principales autoridades denunciadas en el documento por diversas violaciones graves a los derechos humanos en el contexto actual salvadoreño, señaló Escobar. También se responsabiliza a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa por prorrogar mensualmente, hasta la fecha, el régimen de excepción.
El informe fue enviado a través del mecanismo “OTPLink” disponible en el sitio web de la CPI y de su Oficina del Fiscal, mediante el cual se puede remitir información sobre “presuntos crímenes” de competencia de la Corte.
Escobar reconoció que, aunque la CPI no admite fácilmente informes o denuncias, el Socorro Jurídico Humanitario busca que el organismo abra un expediente sobre la situación de El Salvador y continuar documentando las violaciones a derechos humanos.
“Es nuestro deber y obligación informar, de acuerdo con el Estatuto de Roma, sobre los crímenes de lesa humanidad que el Estado y sus agentes cometen de manera sistemática contra la población civil”, afirmó el SJH en su cuenta de X.
