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La Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN), la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES) se pronunciaron nuevamente ante la situación del caso de la mina transfronteriza Cerro Blanco. Esta vez debido a que recientemente la empresa canadiense Aura Minerals adquirió a Bluestone Resources.
“Por más de 15 años como comunidades salvadoreñas coordinados con comunidades de Guatemala hemos hecho una gran lucha para poder detener este proyecto porque sabemos que no solo se van a contaminar las cuencas de Asunción Mita y el río Ostúa (ubicados en territorio guatemalteco) sino que esa contaminación llegará hasta el Río Lempa (El Salvador)”, expresó Pedro Cabezas, coordinador de ACAFREMIN.
Las organizaciones reiteraron que sumado a las anomalías administrativas internas en el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala, como la aprobación de resolución que otorgaba licencia de operar a cielo abierto en la mina Cerro Blanco y que dicho proceso posteriormente fue suspendido; este nuevo paso de adquisición ha alertado y generado mayor preocupación a comunidades de ambos países.
Subrayaron que Aura Minerals, empresa que opera la mina San Andrés en el municipio de La Unión, en Honduras, a través de una subsidiaria, ha sido vinculada a “prácticas criminales” que violentan los derechos humanos de la población. Entre estas mencionaron la contaminación, destrucción de bosques milenarios, destrucción de viviendas, ignorar un cabildo abierto que prohibía la profanación y destrucción de un cementerio ancestral de la comunidad Maya Chorti en Azacualpa, violentar ordenes de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, operar con licencias vencidas, colusión con autoridades locales para la criminalización y persecución a periodistas y defensores ambientales.
“Son proyectos extractivos que vienen a menoscabar la vida y los derechos de las comunidades, son proyectos que se vienen a llevar y deteriorar la casa común como el medio ambiente, el agua, y toda nuestra bioculturalidad, porque son proyectos que explotan la vida de las personas, que vienen a dejar más en crisis la vida las mujeres, de la niñez y juventudes”, sostuvo Claudia Rodríguez, de AMAES, sobre la minería metálica.
Las comunidades, junto a las organizaciones ambientalistas y ecofeministas, llamaron a El Salvador y Guatemala a generar un diálogo abierto para detener este proyecto minero para proteger las cuencas hidrográficas compartidas. También llamaron a El Salvador a desistir los intentos de derogar la Ley de Prohibición de Minería Metálica vigente desde 2017.
Con edición de Diego Hernández
