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En su informe “situación de las personas defensoras del medio ambiente en los países del Norte de Centroamérica”, la CIDH no pudo calificar la situación real de las personas defensoras de los derechos humanos y el medioambiente, ya que las agresiones cometidas en contra de ellas son invisibilizadas debido a la falta de datos e información gubernamental sobre ello, y mencionaron que ellas se encuentran sin protección legal por no contar con un marco jurídico que les salvaguarde por su estatus como defensoras.
“La inexistencia de un registro de agresiones cometidas en contra de personas defensoras en el país contribuye a la invisibilización la violencia ejercida en contra de estos grupos y su posible relación con sus actividades de defensa“, dijo la Comisión en el informe.
Aunado a ello, la CIDH advirtió que cuando sí se registran agresiones a las personas defensoras, estas se atribuyen a la violencia común, no como una acción que podría haber tenido su origen por el hecho de que la víctima es una persona defensora de los derechos humanos y el medioambiente.
La CIDH registró dos casos de asesinatos de personas que defendían sus contextos ambientales locales. El primer caso fue del sacerdote Cecilio Pérez Cruz, asesinado el 18 de mayo de 2019. Pérez se dedicaba a denunciar la tala de arboles del cerro El Águila, ubicado entre Santa Ana y Sonsonate.
El segundo caso ocurrió el 9 de agosto de 2018 en Jujutla, Ahuchapán, cuando la defensora Dina Yaseni Puente fue asesinada. “Al respecto, preocupan las declaraciones oficiales por parte de la Policía Nacional Civil indicando que la defensora y los hechos de su muerte tuvieron relación con bandas delincuenciales incluso ante los alegatos de investigar el atentado contra su vida como una posible retaliación por sus labores de defensa del territorio”, informó la Comisión.
Además de las agresiones en contra de la integridad física de las personas defensoras, también se registraron amenazas verbales, vía redes sociales o a través de mensajes de texto.
“En El Salvador también se ha hecho uso del derecho penal para restringir la labor de quienes defienden el medio ambiente”, afirmó la CIDH, detallando como ejemplos la captura de defensores en octubre de 2019 bajo el argumento de “organizaciones terroristas”, y el caso de la detención de líderes comunitarios en Ahuachapán en 2021.
Por otra parte, la CIDH mencionó que tomando en cuenta un panorama de agresiones a las personas defensoras de derechos humanos y la invisibilización de las agresiones en contra de ellas se debe tener una política pública integral que las proteja.
Sobre ello, el ente internacional afirmó que en 2021 recomendó a El Salvador que elabore tal política. “Hasta la fecha de aprobación del presente informe, la Comisión no cuenta con información sobre avances en el cumplimiento de esta recomendación”, explicó la CIDH.
“La CIDH conoce que en 2018 un conjunto de organizaciones de la sociedad civil presentó ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley denominada «Ley para el reconocimiento y protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y para la garantía del derecho a defender derechos humanos”. Sin embargo, según información de la PDDH de El Salvador, esta iniciativa fue archivada el 19 de mayo de 2021 por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de El Salvador”, acotó.
