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Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos se sumaron para hacer un análisis de lo que calificaron como promesas incumplidas en materia medioambiental en los tres años de gobierno de Nayib Bukele.
Por Perla Aguilera, periodista de VOCES.
Las organizaciones que conforman la Alianza Nacional Contra Privatización del Agua alertaron que los megaproyectos “mal llamados de desarrollo” que lleva adelante el gobierno, como Ciudad Bitcoin, el Aeropuerto de Oriente y el Tren del Pacífico, agudizarán “la crisis ambiental en el territorio, especialmente en la zona oriental”.
Al realizar un balance de los tres años de gobierno y las promesas realizadas en campaña, a través del “Plan Cuscatlán”, las organizaciones enfatizaron diversos incumplimientos.
En las propuestas plantadas están el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento en la Constitución de la República, un modelo urbano hídricamente sostenible, promover desde el Ejecutivo el desarrollo normativo del derecho al agua y saneamiento, promover medidas legislativas para el manejo compartido de las cuencas fronterizas y el procurar la consulta previa, libre el informada de cualquier actividad local o nacional sobre los estudios de impacto ambiental.
La propuesta de un modelo urbano hídricamente sostenible incluía “el abastecimiento de agua, el manejo de aguas pluviales y servidas, gestionando cantidad y calidad de agua”, sin embargo, a partir de las proyecciones ambientales planteadas en los proyectos de “desarrollo” el país vería acrecentada su crisis ambiental actual, enfatizaron.
A pesar de que la propuesta de implementar la Ley General de Recursos Hídricos ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa, en diciembre de 2021, las organizaciones que conforman la Alianza Nacional consideraron que “esto no garantiza la gestión sustentable del agua en El Salvador”.
Con la disolución del Fondo Ambiente de El Salvador (FOANES), el 25 de mayo pasado, las organizaciones expresaron preocupación, debido a que era la única institución de gobierno que se dedicaba a orientar recursos financieros a la causa medioambiental.
Las organizaciones plantearon siete exigencias al presidente Bukele, entre ellas la “aprobación urgente” de una política ambiental enfocada en la sustentabilidad de los bienes naturales y el compromiso por parte del gobierno con los bienes naturales y con la población salvadoreña.
Además, exigieron que el Ministerio de Medio Ambiente fiscalice y sea garante de los bienes naturales y no “un simple tramitador de permisos”, en el marco de los proyectos privados y públicos “que están acabando con los ecosistemas como ha sido hasta ahora”.
