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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conocerá el caso.
Por Diego Hernández, jefe de prensa de VOCES
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado de El Salvador es responsable de violar el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial y personalidad jurídica de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, una colaboradora de la Oficina del Socorro Jurídico Cristiano entre 1979 y 1980 nacida en Estados Unidos, y su padre, Mauricio Cuéllar y la trabajadora del hogar Julia Orbelina Pérez.
En el informe de fondo realizado por la CIDH, el ente recomendó al Estado que emita medidas de reparación materiales e inmateriales para los familiares de las víctimas, que inicie la búsqueda de las víctimas junto con sus familiares, disponer atención mental y física para familiares, investigar la desaparición forzada de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable y adoptar medidas de no repetición.
La Comisión estableció que el Estado tuvo participación en la desaparición forzada de las tres personas luego de que Patricia denunciara hostigamiento y persecución en contra de ella.
“La CIDH consideró que los hechos constituyeron desaparición forzada, dada la participación del Estado en la detención de las víctimas, el contexto de desapariciones forzadas durante el conflicto armado en El Salvador, y la situación de persecución que sufrían las personas vinculadas a la Organización Socorro Jurídico Cristiano, así como la falta de respuesta e investigación del Estado”, mencionó un comunicado de la oficina de prensa de la organización interamericana.
Además, expresaron que el Estado no investigó los hechos después que finalizara el conflicto armado.
La abogada y directora del programa de lucha contra la impunidad de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, sigla en inglés), Leonor Arteaga, recordó que este es el primer caso de desaparición forzada de personas adultas durante la guerra civil.
El caso de Patricia, Mauricio y Julia fue admitido por la CIDH el 2010 en su período 140 ordinario de sesiones. El 27 de mayo de 2022, la CIDH informó que presentó el caso el 14 de mayo ante la Corte IDH, máximo tribunal de derechos humanos de América.
