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La Alianza Regional por la libre expresión e información expresó su preocupación por la aprobación de reformas a leyes penales en El Salvador, especialmente en relación a la prohibición de difusión de información relacionada a los grupos delictivos, la cual consideran incentiva la censura.
Según el comunicado difundido por la alianza estos mecanismos aplicados están basados en conceptos “imprecisos y ambiguos” que no tienen coherencia con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
Además, expresó que “esta ambigüedad normativa genera temor a sufrir un proceso penal infundado, impulsando un efecto de censura indirecta, paralizador de la libre circulación de información e ideas en El Salvador”.
También hizo referencia a los requisitos que exigen el art 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que expresan que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y que esto comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
Razón por la que llamó a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría Especial sobre la libertad de opinión y de expresión de la ONU para continuar atentos a los retrocesos y amenazas que se observan en El Salvador.
Asimismo, convocó a la Secretaria General de la CIDH, Tania Panszi, su comisionada, Julissa Mantilla, y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para advertir a las autoridades salvadoreñas sobre la “necesidad urgente de revertir las restricciones”.
Esta Alianza que es integrada por 16 organizaciones de Latinoamérica se suma a más organizaciones que previamente han expresado su preocupación por las reformas, las cuales la Asociación de Periodistas de El Salvador ha cataloga como “mordazas”.
