martes , mayo 21 2024
Foto: Radio Victoria en el departamento de Cabañas/Por David Ramírez.

APES señala que régimen de excepción limita el ejercicio del periodismo comunitario

El informe 2023 sobre la libertad de prensa en El Salvador de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), sumado a lo que calificaron como un “grave deterioro” a este derecho materializado en el aumento de casos de vulneraciones y agresiones, también enfatizó las diferenciadas situaciones y limitaciones que la prensa comunitaria enfrenta en la actualidad.

Lo anterior, detallaron en el informe, ha ido escalando debido al vigente régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022 y prorrogado por más de 24 meses, puesto que a diferencia de los medios de comunicación del sector privado y otros, las zonas de coberturas de la prensa comunitaria suelen ser en las zonas rurales del país, en donde, con dicha medida excepcional, los militares y soldados tienen más presencia.

De acuerdo con Alcides Herrera, director de la radio Izcanal, en Usulután, de quién se refirió el informe, la cobertura se vuelve “complicada” en tales condiciones, porque con frecuencia los policías o militares detienen a estos periodistas para preguntarles y pedirles sus identidades y documentación.

Para Herrera, las condiciones para ejercer el periodismo desde los medios comunitarios, en su mayoría radios, han ido en detrimento desde el 2019, y en la actualidad, ante la falta de garantías constitucionales, optan por “hacer periodismo hasta donde se les permite”.

A esto aún se suma, según APES, dificultades al acceso a la información, tanto de funcionarios o personas locales, esta últimas por temor a represalias. Asimismo, este sector se enfrenta a que algunas de las radios comunitarias que operan en la red de la Asociación de Radiodifusión Participativa de EL Salvador (ARPAS) se encuentran en un “limbo legal” puesto que desde que el Estado otorgó la concesión de las frecuencias en 2018, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) no ha autorizado el fraccionamiento de frecuencias, por lo que temen que en cualquier momento el Estado salvadoreño clausure sus radios alegando que estas transmiten “ilegalmente”.

“Si no tenemos garantías, simplemente no podemos arriesgarnos”, lamentó Herrera en el informe.

Con edición de Morena Villalobos

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Periodista de VOCES

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