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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), acompañada de la organización de derechos humanos Cristosal, presentó esta mañana a la Fiscalía General de la República (FGR) un nuevo documento sobre presuntos delitos cibernéticos que el gremio de periodistas sufrió a finales del año pasado. Pidieron a la Fiscalía ampliar la investigación sobre este tipo de hechos que vulneran la seguridad personal y atentan contra la libertad de expresión.
“Este es el tercer documento que estamos compartiéndole a la Fiscalía”, afirmó a la prensa Angélica Cárcamo, presidenta de la APES.
Durante el mes de noviembre y diciembre la APES denunció públicamente que su cuenta de WhatsApp, específicamente la que usan para el registro de agresiones a periodistas, fue vulnerada. En conferencia de prensa, Cárcamo aseguró que fueron alrededor de diez intentos de hackeo los que contabilizaron en ese tiempo.
A inicios del 2022, la APES y Cristosal presentaron un aviso a la fiscalía sobre esta situación para que fuera investigada por las autoridades, así como por las evidencias de espionaje a través del programa Pegasus que detectaron en sus telefonos móviles una treintena de periodistas.
Con la ayuda de especialistas internacionales, los profesionales comprobaron que sus teléfonos fueron intervenidos por este programa desarrollado por la empresa israelí NSO Group, la cual es vendida únicamente a Estados.
“Hasta el momento no hemos tenido avances en la investigación. En el caso de Pegasus únicamente se han hecho un par de entrevistas a colegas afectados y en el caso de los (intentos de) hackeos de la cuenta de WhatsApp no hemos tenidos ninguna notificación”, señaló Cárcamo.
A juicio de Jacobo Cruz, abogado de Cristosal, esta investigación es importante para que, en primer lugar, se conozca quién o quiénes son los responsables de estos delitos, y, como segundo lugar, garantizar la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo.
La presidenta de APES llamó a las autoridades de la FGR a hacer un trabajo eficiente en estas investigaciones porque tanto la privacidad, como el ejercicio periodístico, están siendo vulnerados.
