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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) afirmó que Nicaragua continúa cada vez más separándose de los principios democráticos, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.
El cierre de más de 3,000 organizaciones sociales, la clausura de medios de comunicación, la persecución de opositores, la cooptación de todos los espacios políticos y el incremento drástico de migrantes y exiliados, evidencia a “un Estado que continúa separándose de los principios democráticos, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos”, señaló el organismo en su último informe.
El informe “Nicaragua: Hechos y Figuras 2022 sobre la situación de derechos humanos”, indicó que las diferentes violaciones a derechos humanos cometidas durante la crisis de Nicaragua han continuado, e incluso, incrementado, pese a los diversos llamados de la comunidad internacional.
“En general, existe un patrón de violaciones sistemáticas de las garantías mínimas del debido proceso: derecho a un juez competente, imparcial e independiente, presunción de inocencia, a la defensa y a la igualdad procesal”, explicó la OACNUDH.
Hasta noviembre de 2022, el total de nicaragüenses privados de libertad por razones políticas ascendían a unos 225, de los cuales la mayoría fueron arrestados por manifestar su oposición ante el actual gobierno.
Sumado a esta situación, el OACNUDH afirmó que ve con preocupación un patrón de detención a familiares de opositores como forma de presión a las voces disidentes de entregarse a cambio de sus familiares.
Agregó que la vulneración de la libertad de expresión también se vio evidenciada en las 3,144 organizaciones de la sociedad civil canceladas, al menos 26 medios de comunicación cerrados y 84 periodistas exiliados, solo el año anterior.
Además, la crisis acarreó a un incremento drástico de migrantes nicaragüenses, principalmente a Estados Unidos y Costa Rica.
Hasta finales de 2021, según una estadística del informe, más de 20,000 migrantes nicaragüenses fueron detectados por las autoridades fronterizas de Estados Unidos y en 2022 esta cifra ascendió a 34,292.
