Durante julio y agosto, el Estado argentino contabilizó 22 condenas a acusados de perpetrar crímenes de lesa humanidad y de genocidios durante la última dictadura registrada durante la década de los 70. Víctimas y sobrevivientes han muerto a lo largo de los años sin justicia.
Por David Ramírez, periodista de VOCES
“La búsqueda de justicia debe ser siempre la principal vía de reparación frente a crímenes tan atroces como los de la última dictadura”, expresó la organización “Abuelas de Plaza de Mayo”.
El más reciente paso en el camino de la búsqueda de la justicia transicional en Argentina fueron tres cadenas perpetuas contra exoficiales del Ejército: Horacio Linari, Emilio Pedro Morello y Martín Eduardo Sánchez Zinny. Estos fueron declarados culpables el 10 de agosto pasado por el Tribunal Oral Federal 2, como coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio.
Estos tres condenados fueron responsables por uno de los operativos, entre mayo y julio de 1976 al oeste de la Gran Buenos Aires, contra la imprenta más grande del PRT-ERP (Fracción Roja), donde imprimían las revistas El Combatiente y Estrella Roja y por el secuestro y desaparición de Ángela Martínez Borbolla, madre de los periodistas Bárbara y Camilo García, según informó el medio comunitario La Retaguardia.
A inicios de julio pasado, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, en la ciudad del Gran Buenos Aires, condenó a cadena perpetua a diez exmiembros del Ejército, Gendarmería, Policía Bonaerense y la Armada por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 350 personas.
Entre los sentenciados a cadena perpetua a inicios de julio se encontraban: Santiago Omar Riveros, jefe de Campo de Mayo; Luis Sadi Pepa; Carlos Javier Tamini; Carlos Eduardo José-integrante del Grupo de Tareas II que actuó en el centro clandestino “El Campito”; Mario Rubén Domínguez; Eugenio Guañabens Perelló, Luis del Valle Arce, Miguel Conde, Francisco Rolando Agostino y Luis Pacífico Britos.
El Campo de Mayo, Pozo de Banfield, el ex Casino de Oficiales y otros centros de detención en el último periodo dictatorial funcionaron como centros de maternidades clandestinas y centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Así lo documenta el Estado argentino.
También emitió sentencias menores a otros nueve “carapintadas” que “actuaron en el mayor centro clandestino de la dictadura, por donde pasaron 5 mil desaparecidos, incluidas unas 30 mujeres cuyos bebés fueron apropiados”, alegó la organización “Abuelas de Plaza de Mayo” que trabaja localizando y restituyendo a sus legítimas familias a todos los niños apropiados por la última dictadura.
Estos avances en el proceso de justicia para el pueblo argentino se conocieron como la «megacausa de Campo de Mayo».
Pese a estos pasos históricos y significativos para el país latinoamericano, durante este proceso de justicia transicional, las Abuelas de Mayo afirmaron en un mensuario de agosto que sobrevivientes y familiares —además de testigos de los hechos—, a quienes, se les negó la reparación de ver condenados a los asesinos y torturadores de sus compañeros y seres queridos han ido falleciendo a lo largo de los años.
En el marco del tramo de la megacausa Campo de Mayo, se lograron 19 condenas a genocidas de 323 víctimas, entre ellas, 17 embarazadas de las cuales 13 hijos o hijas continúan desaparecidas, aseguraron.
Por otra parte, la organización informó que en horas de la mañana de este día inició una nueva audiencia del juicio de lesa humanidad por crímenes cometidos en los Centros Clandestinos Pozos de Banfield y Quilmes y Brigada de Lanús, entre otros. En este juicio declaró Victoria Moyano Artiga, cuyos padres siguen desaparecidos luego de ser secuestrados por militares.
Las Abuelas de la Plaza de Mayo relataron que Moyano fue restituida a su familia biológica en 1988 tras recibir denuncias que-en ese tiempo- la niña estaba inscrita ilegalmente como hija propia de un hermano de un comisario de apellido Penna.
El histórico trayecto de Argentina desde la última dictadura registrada que duró desde 1976 a 1986 dejó una marcada herida abierta en toda su población. Al menos 30,000 personas fueron desaparecidas de todas las edades y condiciones sociales, según datos de la organización.
La megacausa ha sido “un proceso lleno de obstáculos y sinsabores, pero al cabo del cual reafirmamos que la búsqueda de justicia debe ser siempre la principal vía de reparación frente a crímenes tan atroces como los de la última dictadura”, expresaron las Abuelas en su mensuario de agosto.
“Todavía estoy en shock. No quería no esperar nada bueno. Me negaba a ser pesimista, pero esto me sorprendió. Estoy feliz”, dijo Bárbara García al culminar el proceso judicial de los responsables de la muerte y desaparición de su madre, Ángela Martínez Borbolla.
“Esto recién comienza, diría yo”, expresó.
