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Con 56 omisiones y un voto en contra, diputados de la Asamblea Legislativa rechazaron una propuesta de reforma a la Ley del Medio Ambiente por parte de Claudia Ortiz, de VAMOS, que garantizaría que se tendrían que hacer consultas públicas a comunidades antes de brindar permisos para construcción, y que se anularían estos cuando las comunidades afirmen que serían vulneradas.
La reforma giraba en torno al artículo 25 de la Ley del Medio Ambiente, el cual establece los requisitos para aprobar o no estudios de impacto ambiental, plazos y medios para quienes resulten afectados por algún proyecto.
“Luego de observar muchísimos casos en los últimos años donde son atropellados los derechos de cientos de comunidades a lo largo y ancho de nuestro país frente a proyectos turísticos, de desarrollo o inversión que no tienen en cuenta la dimensión ambiental, este articulo queda como letra muerta cuando no se escucha a las comunidades”, enfatizó la parlamentaria.
“Estamos proponiendo que se le de dientes al Ministerio de Medio Ambiente para que esa consulta sobre el impacto ambiental que puedan generar esos proyectos a las comunidades se realice sí o sí, que no haya excusas, que los intereses colectivos se ponderen por encima de los intereses económicos de unos cuantos; que los procesos de aprobación de un estudio de un impacto ambiental y de un permiso ambiental sean nulos cuando la población afectada en sus derechos ambientales digan que les afecta, que no desean ese proyecto, incluso, cuando (los proyectos) vulneren otros derechos”, detalló, mientras solicitó agregar dicha propuesta a la agenda de la sesión plenaria y la aprobación de la reforma con dispensa de trámite.
Concretamente, la parlamentaria propuso que, en el marco de las consultas de impactos ambientales, se debe garantizar que la ciudadanía acceda a los estudios de manera “comprensible” a fin de que tengan la posibilidad de pronunciarse en caso de ser afectados por proyectos de construcción. También, la reforma permitiría que en caso de resultar afectados los derechos colectivos sobre los intereses privados, sería motivo suficiente para anular del proceso de consulta, y, por tanto, permisos ambientales.
Por último, la reforma al artículo añadía que en caso de iniciarse un proyecto o aún al término de este, cualquier afectado directa o indirectamente podría solicitar revisión del procedimiento de autorización ante un juzgado de Medio Ambiente, permitiendo este acto el acceso a reparaciones y resarcimiento de daños.
Después del rechazo a la modificación de agenda para incorporar la reforma al Ley del Medio Ambiente, la parlamentaria presentó el mismo escrito en la ventanilla de correspondencia de la Asamblea Legislativa; mismo que fue recibido por el recinto legislativo.
Con edición de Diego Hernández
