lunes , noviembre 28 2022

Beatrice de Carrillo, la valiente abogada que deja un vacío en la comunidad defensora de DD. HH.

Leonor Arteaga, Luis Salazar y David Morales, reconocidos defensores de derechos humanos de El Salvador, destacan el legado de la exprocuradora en su dimensión como académica y en las coyunturas críticas registradas en El Salvador.

Por Carlos Portillo.


El fallecimiento de la doctora Beatrice de Carrillo “deja sin duda un hueco” en la comunidad jurídica defensora de los derechos humanos de El Salvador, dijo Leonor Arteaga a VOCES al recordar el legado de la exprocuradora, con quien compartió distintas batallas en favor de los derechos humanos.

Beatrice de Carrillo, nacida en Italia, falleció el pasado domingo a los 78 años, según confirmaron sus familiares. Tras una exitosa carrera como fundadora y docente del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), se desempeñó al frente de una de las instituciones nacidas en virtud de los acuerdos de paz: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, durante dos períodos, de 2001 a 2007.

“Educó a muchas generaciones de abogados y abogadas a través de su carrera como docente en la UCA, y, por otro lado, cumplió un papel fundamental al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”, explicó Arteaga, quien se desempeña actualmente como directora del programa de lucha contra la impunidad de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, siglas en inglés).

Sobre su papel en la UCA, fue el mismo rector, Ignacio Ellacuría, quien le encargó la tarea, afirmó, por su parte, el abogado defensor de derechos humanos Luis Salazar, al remarcar que el objetivo era orientar “la carrera de derecho en función de la problemática del país que había en aquel entonces, pues todavía estábamos en un conflicto armado interno”.

Años más tarde, en su época como funcionaria, “la doctora enfrentó a un poder político que -al igual que ahora- también quería amordazar a la oficina del ombudsman, y supo valientemente no doblegarse y alzar la voz por las violaciones de los derechos humanos que estaban sucediendo”, expresó Arteaga sobre esta etapa en la que acompañó a la procuradora.

“Develó” violaciones de derechos humanos en la Policía Nacional Civil (PNC), en el marco de la existencia de grupos de exterminio, así como “torturas sistemáticas” que se daban en las cárceles, afirmó la abogada.

“Puedo atestiguar que, no solo era valiente, sino que además técnicamente era una mujer sólida y que supo rodearse de un equipo de abogados y abogadas, y de otro personal, que le dieron una mística importante a la procuraduría en su momento”, expresó.

En este contexto, Salazar también afirmó que en los años que Beatrice de Carrillo estuvo al frente de la procuraduría “se enfrentaron a una serie de coyunturas críticas para la realidad nacional”, como la amenaza de una privatización de los servicios de salud. “Ella tuvo un papel destacado en esa problemática”, dijo el abogado.

“En ese periodo bajo su gestión nuevamente reapareció a la escena pública la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, demostrándose la capacidad de este ente de ser garante de derechos” y de activar temáticas novedosas, como los derechos de la población LGBTI, personas con discapacidad, entre otros, remarcó Salazar, quien acompañó a la exprocuradora en temas relacionados a las niñas, niños y adolescentes.

También hubo “una postura firme en el tema de las legislaciones antimaras, que no eran nada más que ejercicios de manodurismos sin sentido, de políticas criminales erradas dirigidas para la criminalización de los jóvenes”, dijo Salazar.

En los periodos de los presidentes Francisco Flores y Antonio Saca los planes Mano Dura y Súper Mano Dura fueron políticas públicas relevantes en el combate a la criminalidad. De Carrillo señaló violaciones a los derechos humanos en el marco de la implementación de las acciones, razón por la que fue fuertemente criticada.

Otro de los destacados abogados que acompañó a la doctora de Carrillo en la procuraduría fue el también exprocurador de Derechos Humanos: David Morales. Él la recuerda desde el reto de fortalecer a una institución que “se encontraba muy dañada por la cuestionada gestión de su predecesor, el procurador Eduardo Peñate Polanco”, señalado de varias irregularidades y escándalos.

No obstante, de Carrillo “imprimió un ritmo, un proceso, en el que procuró dar una rigurosidad en el trabajo académico de la institución y en el perfil de las personas profesionales que integraban” su equipo en la institución.

En este contexto, la Procuraduría editó una serie de informes que son verdaderos legados para el país en materia de defensa de derechos humanos y que estuvieron relacionados a crímenes de guerra y de lesa humanidad como el magnicidio de Monseñor Romero, la masacre de la UCA y la práctica de masacres y desapariciones forzadas durante la guerra.

En estos informes elaborados por su equipo y suscritos por ella se fijaba “una clara posición de rechazo” a estos hechos atroces, así como a la Ley de Amnistía de 1993, que permitió la impunidad en estos crímenes, sostuvo Morales.

Al igual que Salazar, Morales resaltó también los esfuerzos de la exprocuradora frente a las políticas de mano dura. “Han sido políticas fracasadas durante más de 20 años, aunque se siguen reproduciendo”, afirmó.

El exprocurador consideró que este tipo de programas no tuvieron resultados efectivos para disminuir la delincuencia: “las pandillas de hecho se fortalecieron a partir de este tipo de estrategias fallidas, y se produjeron muchas prácticas violatorias a los derechos humanos, entre ellas la práctica de la tortura, avalada o promovida por altos jefes policiales, las detenciones arbitrarias masivas y las violaciones a los derechos humanos a la población privada de libertad”.

Los informes “eran el resultado de verificaciones e investigaciones técnicas” y dieron “cuenta de estas prácticas violatorias de los derechos humanos”, lo cual le valió a de Carrillo severos ataques desde grupos de poder, funcionarios y medios de comunicación.

“Fue objeto de ataques políticos, campañas de desprestigio, en las que incluso se involucraron medios de comunicación que transmitían -sin derecho de respuesta o con una desproporción muy grande respecto a los argumentos de la Procuraduría- las posturas de ataque, deslegitimación y hostigamiento que emanaban de los grupos de poder, de los gobernantes de la época”, recordó el exprocurador Morales.

No obstante, resaltó que el temple de la funcionaria le permitió sobrellevar esas campañas de desprestigios y marcar muchos hitos en la institución, pero sobre todo en la defensa de los derechos humanos en El Salvador.

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