martes , septiembre 27 2022

CIDH llama a respetar DD.HH en El Salvador en el marco del régimen de excepción

El presidente Nayib Bukele anunció que en 25 días del régimen de excepción las autoridades han capturado a 14 mil pandilleros, para los cuales la Asamblea Legislativa aprobó construir más cárceles. Las acciones contra estos grupos iniciaron luego de una ola de asesinatos que en un fin de semana dejó 87 víctimas.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado de El Salvador a asegurar que las acciones de prevención y sanción a los crímenes se realicen dentro de los límites y procedimientos que garanticen la seguridad pública, así como el respeto a los derechos y a la dignidad humana.

El organismo expresó en un comunicado difundido este 20 de abril que se “debe observar las garantías judiciales y el debido proceso legal en todas las circunstancias, incluyendo en el marco del régimen de excepción”.

El gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa una serie de acciones para combatir a las maras y pandillas, que incluye un régimen de excepción y una serie de reformas legales que han endurecido las penas de cárcel; esto luego de que en un periodo de 3 días se registraran al menos 87 homicidios a finales de marzo pasado.

La CIDH rechazo ese incremento de muertes violentas y manifestó su solidaridad a las familias de las víctimas de esa ola de asesinatos. En este contexto, recordó “que las víctimas y sus familias deben estar en el centro de las medidas de verdad, justicia y reparación”.

Respecto a las masivas capturas, la CIDH dijo que “organizaciones de derechos humanos y la prensa denunciaron que muchas de las detenciones se llevaron a cabo de manera ilegal, arbitraria y mediante el uso de violencia”.

Añadió que también se han registrado detenciones “basadas en percepciones subjetivas –, sobre la pertenencia a grupos criminales por factores como apariencia física, edad o zona en la que habitan”.

Las organizaciones, continúo la CIDH, “afirmaron que la suspensión de ciertas garantías judiciales ha impedido que se conozcan las razones de la privación de libertad, así como el acceso a una asistencia legal y a tener contacto con sus familiares. Indicaron que parte de las personas detenidas serían trasladadas directamente a centros penales dado el hacinamiento de las bartolinas o celdas policiales”.

“Por su parte, el Estado indicó que, con el fin de garantizar el racional y proporcional uso de la fuerza durante el Régimen de Excepción, se ha creado al interior de la Policía Nacional Civil un Plan General de Supervisión en aplicación al Decreto Legislativo No. 333, bien como un Decálogo sobre el uso de la fuerza en Estado de Emergencia. Además, señaló que todas las detenciones efectuadas se encuentran sujetas a control judicial”, resaltó la CIDH en el comunicado.

Frente a la suspensión de garantías, la CIDH señaló que, si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes al ordenamiento vigente y respetuoso de los derechos fundamentales a toda persona que esté bajo su jurisdicción”.

Instó al Estado de El Salvador a investigar a quienes resulten responsables de violaciones a los derechos humanos en observancia al debido proceso legal y absoluto respeto a las garantías judiciales. Asimismo, a que adopte una política de seguridad ciudadana integral que tenga como premisa la protección a los derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato tiene base en la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este organismo promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA.

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