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Un grupo numeroso de familiares que integran al Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) e integrantes del grupo Justicia Social y Contraloría Ciudadana marcharon en calles capitalinas para reiterarle al Estado salvadoreño las graves violaciones a derechos humanos durante los dos años de vigencia del régimen de excepción.
“El 27 de marzo (de 2024) se cumplieron dos años del régimen de excepción. No podíamos quedarnos sin hacer nada. Continuamos denunciando las violaciones a derechos humanos a dos años, pues consideramos ha sido un régimen nefasto para un gran sector de la población salvadoreña”, sostuvo Samuel Ramírez, representante del MOVIR.
“De nada sirve llevar seguridad a una parte de la población cuando hay otra que está sufriendo por los daños colaterales, los cuales, pareciera que al régimen no le importa, a pesar de que hay vidas que se han perdido, que hay muchas personas inocentes que se están muriendo y esos procesos judiciales no avanzan. Hay un control total de las instituciones que deberían de estar pendientes de esas violaciones, así como evitarlas, pero no lo han hecho”, agregó.
Son más de 79 mil personas que han sido capturadas desde el 27 de marzo de 2022, a la fecha, según indicó a inicios de este abril el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
En el mismo periodo más de 16 mil violaciones a los derechos humanos se han registrado, traducidas en 6,365 denuncias. Se señalan como principales vulneradores a los cuerpos de seguridad: la Policía Nacional Civil (PNC) en primer lugar, seguido de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), según revelaron un conglomerado de organizaciones sociales en el segundo informe anual de esta medida. También registraron 244 personas fallecidas bajo tutela del Estado salvadoreño.
MOVIR y la organización Justicia Social interpusieron un escrito ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Asamblea Legislativa, exigiendo la derogación del régimen de excepción, la creación de una comisión especial para estudiar las denuncias de personas fallecidas y los cientos de detenciones arbitrarias, así como interpelar al Ministerio de Justicia y a la Dirección General de Centros Penales para que brinden cifras exactas de esta situación.
La Asamblea Legislativa no recibió a las familias de víctimas capturados “arbitrariamente”. Para este 9 de abril se prevé que el Salón Azul prorrogue un mes más el régimen de excepción.
“Las víctimas han rebotado en todas las instituciones y ninguna ha hecho caso a nuestro llamado a dos años del régimen de excepción. Creemos que no hay esperanza de que esto pueda cambiar pues el gobierno salvadoreño solo ofrece miedo, temor y cárcel”, manifestó Ramírez.
Con edición de Diego Hernández
