martes , mayo 21 2024
Foto por el Comité de Familiares Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, Usulután.

Más de 130 habitantes del Bajo Lempa, Usulután, esperan resolución de sus casos tras detención bajo el régimen de excepción

El Comité de Familiares Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, Usulután, se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir la agilización de investigaciones y la declaración de medidas sustitutivas a la detención en favor de más de 130 personas “detenidas arbitrariamente” desde marzo de 2022.


Aseguraron, en una carta interpuesta ante la FGR, que, a la fecha, ya han agotado las instancias nacionales como la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (en donde interpusieron recursos de habeas corpus), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); han presentado todo tipo de arraigos ante Fiscalía e, incluso, en algunos casos han obtenido cartas de libertad. Pese a ello, continúan guardando prisión.


“Somos familias que no hemos descansado por demostrar la inocencia de nuestros hijos e hijas, hermanos y hermanas, padres, madres, abuelos, etc., que por algún error fueron capturados”, sostuvieron los familiares organizados del Bajo Lempa en dicha carta.


De acuerdo con Abraham Abrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, estos más de cien casos corresponden a personas que tiene ya dos años guardando prisión. “Lo que han hecho las familias es reiterar que los casos no tienen sustento porque sus familiares no tienen vínculos con las pandillas y, realmente, en las acusaciones no hay evidencia de que hayan cometido algún delito”, mencionó Abrego.


Las familias de las víctimas “arbitrariamente” detenidas de la zona del Bajo Lempa señalaron estar dispuestos a aportar en las investigaciones, pues manifestaron su completa seguridad en que estos son inocentes. Por otro lado, manifestaron su preocupación debido a las situaciones dentro de los centros penales relacionados con factores de salud y violencia, y por los cuales, se han registrados numerables casos de personas fallecidas.


De acuerdo con el Comité y Cristosal, de estas familias del Bajo Lempa, 76 denunciaron durante el 2023 al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando medidas cautelares. La denuncia está en trámite ante el organismo internacional.

Con edición de Morena Villalobos

About David Ramírez

Periodista de VOCES

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