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Se trata del más reciente caso en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a El Salvador por graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado. El Estado salvadoreño fue declarado responsable internacionalmente por las desapariciones forzadas perpetradas entre el 28 y 29 de julio de 1982 de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez.
“La sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el 18 de marzo del presente año ha sido un gran avance en la búsqueda de la verdad y la justicia. No obstante, queremos hacer notar, que el Estado de El Salvador aún no ha informado ni hecho nada públicamente para cumplir con la sentencia de la Corte”, sostuvo Francisco Álvarez, exesposo de Emilie Cuéllar, en el marco de los 42 años que cumplieron desde dichas desapariciones.
La Corte IDH constató que Emilie Cuéllar fue durante algunos años colaboradora activa de movimientos cristianos y que fungió como secretaria en la Oficina del Socorro Jurídico del Arzobispado de El Salvador, situación que detonó que ella fuera víctima de persecución, por lo que se vio obligada a renunciar a su cargo. Previo a su posterior desaparición, miembros del ejército allanaron y registraron su casa al menos dos veces.
Fue hasta el 28 de julio de 1982 que Cuéllar, tras salir de su casa y llevar a sus hijos a la guardería, no fue vista de nuevo. Entre la noche y madrugada del siguiente día, el padre de Emilie, Mauricio Cuéllar, también fue desparecido. Julia Orbelina, quien trabajaba como empleada del servicio doméstico en casa de Mauricio también fue vista por última vez en esa fecha.
Con la condena de este caso, la Corte IDH dictó que el Estado salvadoreño deberá continuar las investigaciones para esclarecer los hechos, juzgar y sancionar a los responsables y dar con el paradero de las tres víctimas de desaparición forzada. También estableció que el Estado deberá realizar un acto público para reconocer la responsabilidad internacional en el caso, entre otras medidas.
Sin embargo, Álvarez lamentó que el Estado salvadoreño no ha informado, a la fecha, sobre cómo se encuentra el caso o cuándo continuarán las investigaciones; así como tampoco conocen sobre las acciones que se han llevado a cabo para cumplir con las reparaciones dictadas por la Corte IDH.
“Este día, al recordar y honrar la vida y memoria de nuestros amados familiares desaparecidos, queremos reafirmar que continuaremos apegándonos al legítimo derecho de demandar la verdad y la justicia para nuestras víctimas. También que en vista de que el Estado de El Salvador aceptó ante la Comisión y la Corte IDH haber permitido que estos crímenes (así como los de miles de otras personas más) ocurrieran en el país durante la guerra civil, (y no haberlos investigado como se debe), estaremos pendientes de recibir una disculpa oficial (privada y pública) del Estado de El Salvador por su complicidad y desidia en este caso”, expresó.
Con edición de Diego Hernández
