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En conferencia de prensa, la familia de Beatriz, mujer que luchó contra el Estado salvadoreño tras negársele realizar la práctica médica del aborto por razones de salud, y el equipo jurídico expresaron que esperan que con este caso se pueda asegurar los derechos sexuales reproductivos de las salvadoreñas y de América Latina, pues este es el primer caso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ventilará exclusivamente sobre el aborto.
“De la mano de Beatriz buscamos justicia para ella y para todas las mujeres que han sufrido las consecuencias de la penalización absoluta del aborto en El Salvador. Estamos éticamente convencidas que la CorteIDH reconocerá está violación de derechos humanos que forma parte de la violencia y desigualdad estructural contra todas las salvadoreñas”, dijo la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Morena Herrera.
Todas las sentencias que son emitidas por la Corte IDH son de obligatorio cumplimiento para los Estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Salvador es parte de este organismo internacional.
Una característica de estas es que las sentencias sirven como estándares internacionales de derechos humanos, que los Estados parte deben tomar como guía para formular o reformular sus marcos jurídicos y que estén acorde a lo ordenado por la Corte IDH.
De acuerdo con la subdirectora para el programa de Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcela Martino, una sentencia favorable “contribuirá a eliminar las barreras que hoy continúan violando los derechos de niñas y mujeres en todo el continente, impidiendo acceso a una salud sexual y reproductiva sin discriminación y violencia. La decisión en este caso permitirá avanzar en proteger la salud y la vida de millones de mujeres, que como Beatriz quieren vivir”, dijo.
Inicialmente, las organizaciones demandantes realizaron la petición para introducir el caso al sistema interamericano de derechos humanos el 2013. En 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso. Tres años después, la CIDH emitió recomendaciones al Estado de El Salvador, entre ellas: “reparar integralmente las violaciones contra Beatriz y sus familiares; adoptar medidas legislativas para posibilitar la interrupción del embarazo en situaciones de inviabilidad o incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, así como de riesgo grave a la vida, la salud y la integridad de la mujer; y adoptar todas las medidas necesarias, incluyendo el diseño de políticas públicas, para asegurar el acceso a la interrupción del embarazo”, según se señaló en el informe de fondo del caso.
En 2022, la CIDH elevó el caso a la Corte IDH. Ahora, la audiencia pública del caso será el 22 y 23 de marzo de 2023. Las organizaciones demandantes son: Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, Ipas Centro América, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
