Organizaciones ambientalistas y ecofeministas celebraron este 1º de septiembre la resolución emitida desde el Juzgado Ambiental de San Salvador en la que se decretó medidas cautelares y suspensión inmediata de actividades extractivistas por parte de cinco empresas en el Cerrito de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad.
“Nosotras celebramos estas medidas cautelares y estamos seguras de que con todos los elementos probatorios y todo su equipo multidisciplinario (del Juzgado Ambiental) está claro que los daños que en este Cerrito de Quezaltepeque son irreversibles y estamos esperando con mucha alegría y ansiedad que la última resolución sea favorable para que salgan definitivamente todas las empresas extractivitas”, expresó Victoria Chávez, de la Asociación Nayarit Mujeres y Juventudes.
Las organizaciones explicaron que la resolución fue emitida el pasado 30 de agosto. Esta determinó que frente a la actual situación del Cerrito de Quezaltepeque las empresas De la Peña S.A de C.V, MEGABLOCK S.A de C.V, PRECASA S.A de C.V, Saltex y De la Roca, cesaran durante dos meses todas sus actividades extractivistas.
“Es tanta aquí la destrucción que la jueza ha determinado que independientemente de que tengan o no permisos ambientales, las empresas suspendan actividades”, aseveró Dalia González, del movimiento ReverdES.
Asimismo, detallaron que la resolución de la jueza ambiental ordena al Ministerio de Medio Ambientes y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Economía (MINEC) reconsiderar los permisos ambientales y las concesiones hacia estas empresas y desarrollar un valúo de los daños ocasionados por las actividades extractivitas de estas.
De acuerdo con las organizaciones, el Cerrito de Quezaltepeque ha sido explotado durante más de 50 años. El aumento de la extracción de material pétreo (que provienen de piedras) en el lugar en los últimos años ha acrecentado también la vulnerabilidad de más de 2,300 familias, aseveraron.
“Justicia para el Cerrito de Quezaltepeque”, exigieron.
Con edición de Diego Hernández