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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha citado para el próximo 9 de noviembre a diferentes organizaciones de derechos humanos y al Estado salvadoreño a una audiencia en la que se expondrá la situación de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por agentes estatales y organización es criminales durante el régimen de excepción y otras políticas de seguridad.
“Durante el régimen de excepción se conoce que policías y militares han detenido de forma sistemática a cientos de personas y han negado información sobre el paradero de estas. Todas estas desapariciones deben investigarse y buscar a las personas hasta encontrarles. Los responsables de este delito deben ser juzgados”, sostuvo Victoria Barrientos, abogada de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
De acuerdo con DPLF, junto a otras organizaciones que participarán en la audiencia, entre 2019 y 2022 se contabilizaron al menos 6400 casos de desapariciones cometidas supuestamente por organizaciones criminales. Desde la aprobación del régimen de excepción (27 marzo de 2022) a la fecha, estas estiman que las cifras ascienden a 209 casos de desapariciones forzadas.
En el escenario actual, las organizaciones mencionan que las principales prácticas que derivan en desapariciones forzadas son las detenciones sin orden ni control judicial, la incomunicación de detenidos con sus familiares y defensores; la negativa de las autoridades a proporcionar información y la demora sin justificación de ser estos llevados ante un juez.
A lo anterior se suma la falta de datos debido a que la información estadística sobre homicidios y personas desaparecidas en el país se encuentra bajo reserva por la Policía Nacional Civil (PNC), y la Fiscalía General de la República (FGR) también ha reservado la información sobre fosas y cementerios clandestinos.
Durante la audiencia, las organizaciones pedirán a la CIDH recomendar al Estado salvadoreño que reconozca públicamente las desapariciones, que establezca una política nacional contra las desapariciones, que formule estrategias de búsquedas inmediatas, que aborde la problemática con un enfoque de género, que actualice y garantice el acceso público al registro de personas privadas de libertad (antes y durante el régimen de excepción) y proporcionar información a familiares sobre el paradero y estado de estos, entre otras.
Junto a DPLF expondrán la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), Alerta Raquel, Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPAD), Organización Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS).
Con edición de Diego Hernández
