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FESPAD y MOVITIERRA dan soporte jurídico ante la amenaza que ejerce la empresa Quirobell a estas familias que tienen más de 45 años de haber llegado a habitar estos terrenos que estaban en calidad de baldíos hasta que la empresa los compró a Banco Agrícola.
Familias de la comunidad Cuatro Vientos, en el municipio de San Luis La Herradura, departamento de La Paz, exigieron a distintas instituciones del Estado y a la alcaldía de la ciudad paracentral que intervengan y se pronuncien ante la latente amenaza de desalojo forzoso que ejerce por vía judicial la empresa Quirobell.
Son 185 familias las que están en peligro de desalojo, según informaron fuentes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), organización que les acompaña en este proceso que data de mayo pasado, cuando la empresa interpuso una demanda contra 65 personas de la comunidad ante el Juzgado de Paz de San Luis la Herradura.
Estefani Quinteros, una de las lideresas de la comunidad, afirmó en conferencia de prensa que Cuatro Vientos se fundó hace más de 45 años. “Las familias se esforzaron por hacer su relleno para hacer su casa” en estos terrenos, que cuando llegaron eran baldíos.
“No somos usurpadores, somos personas trabajadoras”, afirmó.
La abogada Teresa Hernández, de FESPAD, explicó que la misma empresa demandante ha pedido una remedición, lo que implica que se está retractando ante la ilegitimidad de la demanda.
Estos terrenos fueron vendidos a Quirobell por Banco Agrícola, el cual estableció en la escritura de compraventa que la propiedad se vendía con población establecida, expresó.
“Reconocen que aquí hay una comunidad, que hay familias desde hace años”, afirmó la abogada.
FESPAD expresó en un comunicado que, jurídicamente, la demanda presenta una serie de irregularidades. Por ejemplo, que los datos personales para entablar la demanda fueron obtenidos mediante engaño de forma irregular y con la utilización de la institucionalidad del Estado, además de que no se individualizó a las personas demandadas a tal punto que muchas ya no habitan en la comunidad, otras que ya fallecieron y otras que ya no continúan habitando en el asentamiento.
Además, destacó que la dilación del proceso judicial ha favorecido a la entidad privada que reclama la propiedad del inmueble.
La comunidad expresó su temor por el desalojo y también su rechazo ante la pasividad de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, a quien le piden que “tome una posición en favor de la comunidad Cuatro Vientos, asuma su función como instancia rectora en materia de vivienda y acompañe a la comunidad brindando propuestas de solución estructural a la problemática que enfrenta la misma”.
La comunidad también pidió al presidente Nayib Bukele que “brinde atención a las problemáticas reales del país y promueva el respeto al derecho a una vivienda adecuada para las familias de la Comunidad Cuatro Vientos”.
