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La Oficina de Washington para América Latina (WOLA por sus siglas en inglés) cuestionó al Estado salvadoreño la alarmante situación violatoria “sistemática” de derechos humanos que ha propiciado el régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa desde el 27 de marzo del 2022.
“Las graves violaciones a los derechos humanos han sido el efecto más visible y preocupante del régimen de excepción. La estigmatización, persecución y represión no han sido acciones aisladas, sino que forman parte de un objetivo mayor contra un sector de la población de manera sistemática”, aseveró en un comunicado.
Agregó que el régimen de excepción se ha utilizado para reprimir a las voces críticas a las acciones del gobierno. El organismo mencionó el caso de Luis Alexander Rivas, capturado recientemente por una supuesta publicación de dos hermanos del presidente Nayib Bukele con un grupo de guardaespaldas y acusado por delito de desacato.
Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), explicó a VOCES que se trata de violaciones de derechos humanos sistemática cuando “son cometidas por el Estado de manera planificada y organizada, en donde puede haber intervención de diferentes entidades del Estado, sea por acción u omisión, en el caso de aquellas que debieran ser garantes de derechos”.
Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se han capturado 53, 465 personas acusadas de pertenecer a grupos criminales.
En contraparte, WOLA resaltó datos de organizaciones sociales salvadoreñas que reportan 3,186 denuncias de abuso de poder, en su mayoría detenciones arbitrarias y condiciones de “hacinamiento extremo” que someten a los reos a una falta de necesidades básicas como el agua potable, el servicio sanitario, alimentos suficientes y atención médica.
Además, se han documentado casos de desapariciones forzadas y abusos contra los derechos humanos cometidos por el poder judicial. “Hasta el 23 de agosto, 45.260 personas habían sido enviadas provisionalmente a prisión durante las audiencias masivas y en una sola audiencia, 552 personas fueros acusadas”, argumentó la oficina.
A finales de agosto fueron 109 casos de presuntas desapariciones forzadas en el marco del régimen de excepción que documentó Cristosal, organización salvadoreña que documenta casos de violaciones de derechos humanos. A juicio de expertos en derechos humanos consultados por VOCES, el Estado salvadoreño podría acarrear juicios internacionales por crímenes de lesa humanidad cometidos en este régimen de excepción.
WOLA instó a la comunidad internacional y especialmente al gobierno de Estados Unidos a generar acciones para que el gobierno salvadoreño detenga el “abuso de la fuerza pública y violaciones de derechos humanos contra la población, y también instar a la Asamblea Legislativa para no extender nuevamente el régimen de excepción”.
