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El director de la Asociación Pro-Búsqueda, Eduardo García, explicó a VOCES que el Estado salvadoreño no ha acatado de manera general las sentencias de los casos de desaparición forzada durante el conflicto armado de las Hermanas Serrano Cruz, Contreras y otros y Rochac Hernández y otros. El Estado se sentará en audiencia de seguimiento de sentencias con la Corte Internacional de Derechos Humanos (CorteIDH), Pro-Búsqueda y las víctimas el 6 de octubre de 2022.
“Las tres sentencias han sido desacatadas de manera general por parte del Estado salvadoreño al no cumplir la parte medular de determinar el paradero de los niñas y niños desaparecidos y de investigar, individualizar y sancionar a responsables”, afirmó García sobre por qué El Salvador no ha acatado las acciones ordenadas por la CorteIDH en las sentencias de los tres casos.
El director de Pro-Búsqueda resaltó que el caso de las Hermanas Serrano Cruz ha permanecido en la fase inicial de investigación en el Juzgado de Chalatenango durante 30 años, cuando esa parte del proceso debió durar seis meses. “No se tiene a ningún responsable sentado ante el sistema de justicia; mucho menos ha sido con los otros casos”, dijo.
Sobre otras ordenes que el Estado no ha cumplido, García se refirió a la falta de un banco de ADN que permita la búsqueda con pruebas científicas de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado. Esta fue una acción que la CorteIDH decretó en la sentencia del caso de las Hermanas Serrano Cruz en 2005.
Otra orden no acatada, que ha sido especificada en las sentencias de los tres casos, ha sido la de permitir que las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, el sistema de justicia y la sociedad en general puedan acceder a información, como archivos militares, que contenga datos sobre posibles violaciones a derechos humanos.
También, García detalló que el tribunal internacional del sistema interamericano de derechos humanos estableció que se debía crear una comisión nacional de búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que opera actualmente se formó por decreto ejecutivo, pero esto no es suficiente, dijo. “Aún no se da paso como país para que esta comisión sea de carácter legislativo, que garantice su independencia económica, jurídica y de actuación e investigación como para ingresar a archivos militares”, aclaró.
“Desde la primera sentencia de las Hermanitas Serrano Cruz en 2005 hasta la última en 2014 hay un hilo conductor de impunidad, donde el Estado no ha hecho o ha hecho muy poco por investigar, identificar y sancionar a posibles responsables”, mencionó García.
La Corte IDH emitió las sentencias de los casos en los siguientes años: Hermanas Serrano Cruz en 2005, Contreras y otros en 2011 y Rochac Hernández y otros en 2014. En los tres casos se determinó que el Estado salvadoreño fue culpable de múltiples violaciones a los derechos humanos de las víctimas de desaparición forzada participantes. La Asociación Pro-Búsqueda participó en el litigio internacional de los tres casos.
