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“No existe ningún compromiso, ni en los acuerdos de paz, ni por parte del Estado, de ver procesos de atención psicosocial en víctimas del conflicto armado”, dijo Óscar Garza, víctima y sobreviviente de tortura y actual presidente del Comité de Ex Presos y Presas Políticas de El Salvador (COPPES).
31 años han transcurrido desde la firma de los acuerdos de paz, documento con el que finalizó el conflicto armado salvadoreño (1980-1992) y periodo en donde murieron aproximadamente 75,000 personas y 15,000 desaparecieron. También, se perpetraron graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como masacres, torturas, entre otras.
La verdad, justicia y la reparación integral se siguen negando a la fecha a las víctimas y sobrevivientes del conflicto, según Garza.
Oscar Garza, relató a VOCES que, entre los años de conflicto, él fue capturado durante dos ocasiones. Fue torturado y posteriormente, privado de libertad por un tiempo. Tras finalizar la guerra, retomó su proyecto de vida con su familia y se graduó como Licenciado en Ciencias Económicas. Mientras tanto, él, como otras víctimas de tortura y otras graves violaciones a derechos humanos, ha continuado una lucha por la verdad, la justicia y reparación integral. A la fecha, sin que el Estado se los garantice.
De acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual El Salvador es firmante, en los casos de violación de un derecho o libertad, estos deben ser reparados a la medida o situación que ha configurado dicha vulneración, según el artículo 63.
La anterior, abarca la acreditación de daños en la esfera material e inmaterial y el otorgamiento de medidas tales como la investigación de los hechos, la restitución de derechos y libertades, la rehabilitación física, psicológico o social, entre otras”, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La misma, planteó en la sentencia del caso de El Mozote y lugares aledaños que, “resulta evidente que las víctimas de una impunidad prolongada sufran distintas afectaciones por la búsqueda de justicia no sólo de carácter material, sino también otros sufrimientos y daños de carácter psicológico, físico y en su proyecto de vida, así como otras posibles alteraciones en sus relaciones sociales y la dinámica de sus familias y comunidades”.
Rolando Gonzáles, otro integrante de COPPES, relató que durante el conflicto armado fue capturado y torturado. Detalló que pasó cerca de 28 meses privado de libertad. Al igual que Garza, Gonzáles retomó su proyecto de vida finalizada la guerra y en 1999 logró titularse como ingeniero agronómico. Su lucha por la verdad, justicia y reparación tampoco ha cesado.
Gonzáles detalló que desde COPPES han gestionado durante los últimos años y a través con diferentes organizaciones, instituciones, universidades, psicólogos y terapeutas, actividades que ha contribuido en su salud mental, a identificar que sus derechos fueron violentados, y a reivindicar sus exigencias.
“Particularmente puedo hablar con cualquiera persona sobre mi captura, sobre la tortura y sobre la cárcel, Puedo desarrollar ese tema y significa que puedo incidir en otras personas que también fueron afectada y siguen en el proceso de no hablar y no descargar nada de lo que vivieron durante el conflicto”, dijo Rolando.
“En nuestros casos (víctimas de graves violaciones a derechos humanos), el Estado es el llamado para generar las condiciones para estos procesos, pero no lo ha hecho, ni muestra el interés. Somos nosotros los que hemos intentado buscar el apoyo con diferentes instituciones y organizaciones que nos han ayudado”, añadió.
Entre los procesos que destacó Gonzáles, se encuentran las sesiones de “arte terapia”. Explicó que en este método se utiliza el arte como herramienta e instrumento para que la persona se exprese. “No tiene nada con ser artista, no se necesita que una persona dibuje, coloreo o pinte, sino que el arte es usado por el terapeuta como una forma más amigable”, enfatizó.
Describió que este tipo de métodos funcionan con víctimas porque existen personas que pueden poseer efectos de Trastorno de Estrés Pos Traumático (TETP) y pasar durante décadas sin expresarse. “Con el arte tienes a la persona expresándose desde el primer momento sin decir ni una palabra”, dijo.
Para la doctora en psicología social, Sol Yánez, cuando se habla de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado como las desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, se habla también de un grave impacto psicosocial en las personas y sus familiares.
Señaló que otro impacto hacia estas personas son los estigmas o estereotipos sobre las víctimas, por ejemplo, “si le pasó es porque algo ha hizo”.
“Cuando un ciudadano está sufriendo, tiene dolor y tiene graves impactos psicosociales, lo que se debe hacer es acompañarlo y ofrecerle herramientas oportunas, no solo intrínsecas o personales, sino que el dolor que se les ha causado a estas personas o víctimas, tanto en El Salvador y otros piases donde ha habido conflictos, el dolor viene de una situación socio política”, manifestó.
Yanéz explicó que las víctimas pueden poseer desde ataques de pánicos, a raíz de lo que vivieron durante el conflicto y su dolor o vacíos, pesadillas, insomnio, entre otros síntomas que afectan a la misma vez su bienestar físico por los “impactos psicosomáticos”, que tiene que ver con el estómago, la cabeza, entre otros.
Para la doctora en psicología social, en El Salvador se necesitan grupos de apoyo psicosociales para todas las víctimas del conflicto armado por igual. Los profesionales de la salud deben entender que los impactos de las personas de violaciones de derechos humanos son distintos y que estas necesitan una política de reparación integral.
Con edición de Morena Villalobos y reporteo de Kathya Coto
