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El Encuentro Universitario de Derechos Humanos, junto al Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), presentaron los resultados del estudio «Acceso a la justicia en el marco del Régimen de Excepción».
Según datos proporcionados por Cristosal, IDHUCA y Servicio Social Pasionista (SSPAS), durante el tiempo que se ha prorrogado (19 veces) se han registrado 72,000 personas capturadas de los cuales al menos 5490 son víctimas de violación a los derechos humanos (5,200 detenciones arbitrarias, 173 muertes bajo custodia del Estado y 223 desplazamiento forzado interno).
Las organizaciones denuncian que se repite un patrón de violaciones de derechos humanos a las personas procesadas en estas condiciones, debido a que supuestamente son juzgados por jueces sin rostro, en audiencias masivas y con mínimo margen de defensa, basados en testimonios de referencia, sin la posibilidad de acceder a los recursos de apelación, etc.
Francisco Pérez, integrante del OUDH mencionó su inquietud hacia las sentencias de los acusados, debido a que según el estudio son un caso de violación a los derechos humanos: “Donde habían 10 años de prisión ahora hay 20, pero además con ciertos agravantes que permiten imponer una tercera parte más de esa pena o sumar otros delitos”.
De igual forma, manifestaron preocupación por la poca información pública que se tiene en la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Se comunicó que por lo menos 272 actos violatorios contra el derecho a la justicia han sido denunciados, entre los que se destacan casos de omisiones y negligencia por parte del Estado, negligencia o retardación injustificado en la investigación por parte de las autoridades correspondientes y dilación indebidas para juzgar y hacer cumplir lo juzgado.
