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“Queremos hacerle un llamado a los señores diputados que aprueben la ratificación constitucional del derecho humano al agua y su saneamiento, como también el derecho humano a la alimentación adecuada. Es un derecho fundamental y vital. La Constitución de la República tiene que respaldarlo”, manifestó monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador.
A pocos meses de finalizar el periodo de los actuales diputados de Asamblea Legislativa (2021-2024), representantes del Colectivo Socioambiental “Cuidemos la Casa de Todos” y líderes religiosos que conforman la a Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (RENAM), urgieron a los diputados solventar una de las deudas que durante años ha tenido el Estado salvadoreño con la población: ratificar las reformas constitucionales al derecho humano al agua y a la alimentación.
Detallaron que desde 2008, cuando se aprobó por primera vez, la reforma constitucional de esos derechos, en ninguno de los periodos legislativos a la fecha lo ha ratificado debido a los requisitos establecidos en el artículo 248 de la Constitución de la República: “La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial”.
“No estamos pidiendo nada que sea una concesión, un favor, o algo que vaya más allá de lo que se debería. Estamos pidiendo que se le dé al pueblo estos derechos que tiene y que son inalienables e invulnerables”, sostuvo monseñor Alas.
Los artículos reformados y pendientes de ratificar son: el articulo dos, indicando que “toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de estos”.
También, el artículo 69, que establece en su primer párrafo incorporado, que “es obligación del Estado crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos. El agua constituye un bien público”.
Al artículo anterior, le aprobaron la incorporación de un inciso segundo señalando que “toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. Es obligación del Estado crear las políticas se seguridad alimentaria y nutricional para todos los habitantes. Una ley regulará esta materia”.
Para el religioso, la no ratificación de dichas reformas constitucionales aprobadas en periodos anteriores tiene que ver con la falta de voluntad de que los gobiernos se comprometan a un marco legal que favorezca a la sociedad salvadoreña. Sin embargo, afirmó que, aunque no se ratifique, “el pueblo tiene el derecho, solo que es una pena que la Constitución se lo niegue”.
Con edición de Morena Villalobos
