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El 8 de octubre de 2023 se conmemoran seis años del fallecimiento de Beatriz, una salvadoreña a la cual se le negó la interrupción del embarazo en 2013 pese a tener recomendación médica para realizar el procedimiento. Luego de un largo y arduo proceso de denuncia internacional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a Beatriz se le permitió interrumpir su embarazo encefálico. Años después, ella murió en 2017 a causa de un accidente de tránsito.
Sara García, coordinadora de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador, habló con VOCES sobre el caso de Beatriz en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y las expectativas de la parte acusadora en el proceso. Según García, en la sentencia se busca medidas de no repetición y de reparación integral.
“Cuando hablamos de medidas de no repetición nos referimos a que se generen cambios en el marco jurídico salvadoreño que habiliten la posibilidad de que la historia de Beatriz no se repita. Se busca un cambio de la disposición del Código Penal y que se planteen políticas públicas específicas en materia de aborto”, dijo.
Ante la posibilidad de que el caso les sea favorable y que el gobierno no acate las medidas impuestas por la Corte IDH, García se declaró consciente que este proceso llevará su tiempo, pero que el cumplimiento de las medidas son de carácter “obligatorio”, por lo que, el Estado salvadoreño tendría que acatar todas las medidas expuestas en una resolución favorable.
Además, reconoce que, de ser favorable, esta resolución podría ser de gran relevancia en todo América Latina: “La historia de Beatriz se repite en toda Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica. Puede significar transformaciones de jurisprudencia que permita buscar (cambios) en legislaciones a nivel nacional de otros países y por supuesto la esperanza de que se haga justicia con los procesos que han sido acompañados también por el movimiento social», expresó García.
Este es el primer caso escuchado en la Corte IDH sobre el aborto específicamente. En noviembre de 2021, el mismo tribunal escuchó el caso de Manuela, una mujer que fue encarcelada en El Salvador tras sufrir una emergencia obstétrica y murió privada de libertad. La Corte IDH determinó qué el gobierno fue culpable de violar distintos derechos humanos de Manuela y su familia, y dictaminó que debía realizar un conjunto de acciones para resarcirles.
A pesar de ello, el Estado no ha cumplido algunas de las medidas, como hacer una disculpa pública a la familia de Manuela y publicar el resumen de la sentencia en portales web del gobierno y en periódicos de mayor circulación.
El Estado sí emitió lineamientos técnicos para el cumplimiento del secreto profesional entre médicos y pacientes, y un protocolo de atención médica a mujeres que hayan sufrido emergencias obstétricas. Sin embargo, en junio de este año, la directora del Centro de Derechos Reproductivos en América Latina y el Caribe, Catalina Martínez Coral, afirmó que los documentos contenían vacíos y eran insuficientes.
La sentencia del caso de Beatriz se espera que sea publicada a finales de 2023.
“En nuestra memoria, sigue vivo cada uno de esos momentos que ella tuvo que atravesar y no olvidamos porque queremos cambios en ese sistema que criminaliza y persigue mujeres”, afirmó García.
