miércoles , septiembre 28 2022

Cristosal denuncia violaciones a Ley de Ética Gubernamental por parte de funcionarios públicos

La jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López, explicó que hay algunas contrataciones irregulares en entidades públicas.

Por Rebeca Abrego, periodista de VOCES

El viceministro de Educación, Hermelindo Cardona Alvarenga, y el diputado de Nuevas Ideas, Juan Rodríguez Escobar, fueron acusados de supuesta transgresión al artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental (LEG) por contratar a parientes “dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad” en la misma entidad pública en que laboran, según Cristosal.

La institución presentó un escrito al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) con la denuncia sobre estos casos, este jueves 12 de mayo. “El país tiene distintas instituciones de control para evitar que existan excesos de poder en cuanto al ejercicio de la función pública, especialmente del Ejecutivo… El Tribunal de Ética es una de las instituciones que debería funcionar dentro de este sistema de control”, explicó la jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López.

Las denuncias señalan que el viceministro de Educación contrató a su hijo, Ricardo Cardona, como corrector de estilo para el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), a pesar de ser chef de profesión. También se señala a Adriana Méndez Hurtado, quien firmó un contrato para manejar las redes sociales del INFOD, pero labora como asistente de su cuñado y diputado Juan Rodríguez.

“Estos empleados públicos no cumplen con los requisitos para el puesto y están directamente vinculados con funcionarios públicos”, denunció López. Según las declaraciones de la jefa jurídica, también hay presuntas conductas delictivas en estos casos, ya que Ricardo Cardona firmó un documento en el que expresa que no tiene ningún parentesco con nadie dentro de la institución, a pesar de estar relacionado con el viceministro del MINED.

Cristosal hizo un llamado al TEG para que realice las investigaciones necesarias para constar los hechos y aplicar las sanciones pertinentes, según el caso. “Queremos que el tribunal se pronuncie sobre estas prácticas. No hay pequeña corrupción o gran corrupción. Si hay estas prácticas anómalas, tienen que ser investigadas por lo que queda de la institucionalidad del país”, afirmó el abogado de la Unidad de Justicia y Anticorrupción de Cristosal, Ricardo Iglesias.

*Foto cortesía de Cristosal.

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