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La tres demandas fueron presentadas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra leyes emblemáticas para el actual gobierno: Ley del Tren del Pacífico, Ley del Aeropuerto Internacional del Pacífico y la Ley Especial para la Construcción de Centros Penales.
“Estas leyes favorecen la corrupción al eliminar el requerimiento constitucional de garantizar la competencia, libre concurrencia y transparencia”, explicó la organización en un comunicado.
Ruth López, jefa de anticorrupción de Cristosal, explicó que estas leyes abren la posibilidad de que se realicen procesos “sin competencia” y violando a la misma Constitución que separa las facultades entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo.
Explicó que avalan que los procesos de adquisiciones y contrataciones sean dictados por medio de una normativa específica emitida por el Ministerio de Hacienda, lo cual contradice convenciones contra la corrupción ratificadas por El Salvador y da paso a procesos sin transparencia.
Las leyes autorizan al Ejecutivo a adoptar un sistema de contrataciones prescindiendo de la licitación pública que es cuándo las empresas nacionales e internacionales concursan abiertamente ofreciendo sus servicios. Actualmente se realizan por “contrataciones directas o con invitaciones”, aseguró la abogada.
“La corrupción es una plaga que se come los fondos públicos y que vulnera precisamente toda esa base de fondos públicos que se requieren para las obras y para los servicios necesarios en el país y esto crece, y se favorece con la opacidad y con la falta de transparencia que promueven leyes como estas”, agregó.
