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“Lo que no es oficial no tiene ninguna credibilidad, ni sustento. En el gobierno de Nayib Bukele se logró extinguir delitos como el secuestro, la desaparición forzada y desapariciones por parte de los grupos criminales”, sostuvo Andrés Guzmán Caballero, el comisionado presidencial para los derechos humanos en El Salvador, durante una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la mañana del 9 de noviembre, la CIDH evaluó la situación del país sobre el fenómeno de las desapariciones forzadas durante el régimen de excepción. En la audiencia participaron las organizaciones del Grupo de Trabajo por las personas desaparecidas y representantes del Estado salvadoreño. Estos últimos negaron por completo tal problemática.
“Considero que es justo que se reconozca por parte de todos los organismos de derechos humanos la falsa afirmación de que las desapariciones forzadas durante el régimen de excepción si quiera exista”, agregó Guzmán.
De acuerdo con Idalia Zepeda, abogada de la Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos (ASDEHU), y quién acompaña al Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el discurso de los representantes del Estado salvadoreño ante la CIDH tiene consecuencias y diferentes impactos a los derechos humanos.
“Desde el punto de vista de los derechos humanos, las víctimas son invisibilizadas. Se les niega su derecho a la participación en todo lo referente a la investigación y al debido proceso. Y, por supuesto, también se les niega el derecho a la verdad, justicia y la reparación”, destacó la abogada.
Explicó además que, estos discursos que tienden a negar por completo una problemática importante como lo son las desapariciones forzadas, implica que no se trabaje para solucionarlo porque no se reconoce. Connota también que desde el Estado, esta problemática no se encuentra, ni lo estará, en la agenda de prioridades de políticas públicas o acciones legislativas de ningún tipo, dijo.
Las organizaciones estiman que entre 2019 y junio de 2022 se registraron cerca de 6,443 denuncias de desapariciones, de las cuales, se sospecha que el 37.20% de estas pueden ser casos activos. Durante el régimen de excepción, las organizaciones han recibido 327 denuncias de desapariciones forzadas de corta duración, que se figuran cuando las personas son capturadas arbitrariamente y las autoridades no brindan su paradero, ni condiciones de salud, explicaron.
Enfatizaron que los datos anteriores son estimaciones obtenidas debido a que actualmente, la información estadística sobre homicidios y personas desaparecidas en el país se encuentra bajo reserva por la Policía Nacional Civil (PNC), y la Fiscalía General de la República (FGR) también ha reservado la información sobre fosas y cementerios clandestinos.
En este marco también se pronunció Eneida Abarca, madre de Carlos Abarca (desaparecido el 1 de enero de 2022), Sandra Chafoya, madre de Joshua Nataniel Chafoya (desaparecido el 11 de septiembre de 2021), entre otros familiares de personas desaparecidas: “Las medidas serán las mismas hasta encontrarles”, aseguraron.
