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“Las razones alegadas para tratar de modificar la Constitución son varias: luchar contra la corrupción, derrotar a los grupos criminales, modernizar el país, pero lo cierto es que estos intentos han tenido un único fin: perpetuarse en el poder. Estas pretendidas reformas están dejando a El Salvador sin presos ni contrapesos y poniendo en riesgo la democracia”, sostuvo Leonor Arteaga, directora de Programa de la Fundación por el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés).
Abogados y abogadas constitucionalistas, junto a DPLF y otras organizaciones, advirtieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los inminentes peligros a la institucionalidad democrática que las propuestas de reformas a la Constitución salvadoreña, por parte del actual gobierno de turno, podrían significar.
Lo anterior, durante una audiencia llevada a cabo el pasado 12 de noviembre, en la que funcionarios en representación de El Salvador no participaron, un hecho que los expertos constitucionalistas y tres integrantes de la CIDH, entre estos el comisionado José Luis Caballero y la secretaria ejecutiva Tania Panszi, lamentaron.
Desde la llegada a la presidencia de Nayib Armando Bukele en 2019, su gobierno ha promovido reformas a la Constitución, y desde 2020 bajo acuerdo dictado por el presidente, el vicepresidente Félix Ulloa llevó a cabo un “Estudio y Propuesta de Reformas a la Constitución de la República”, con un Equipo Ad Hoc de profesionales en Derecho. El estudio fue presentado en septiembre de 2021 ante Nayib Bukele y este, según el mismo documento, constó de 216 modificaciones a los 274 artículos de la Constitución vigente.
Este proceso, aseveró Rodolfo Gonzales, profesional en derecho constitucional y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, se llevó a cabo con supuestas discusiones públicas, pero no hubo evidencia de una participación amplia, ni estuvo presente la representación de los diversos sectores sociales.
Entre los temas que más preocupan al experto en detrimento de la institucionalidad democrática salvadoreña, Gonzales se refirió a la eliminación de la cláusula pétrea (artículo que no puede ser reformada) que establece los mecanismos de la alternabilidad de la presidencia, así como otras reformas que abordarían la regulación de la Fuerza Armada, y la reforma presentada que permitiría que una misma configuración legislativa podría aprobar y ratificar cualquier reforma a la Constitución.
“Esta (última) modificación deja abierta la puerta a que la Constitución se flexibilice, de tal manera que se desnaturalice su función y se le degrada al nivel de una ley ordinaria o secundaria. No estamos hablando de un riesgo hipotético, sino real”, dijo Gonzales.
De acuerdo con los expertos, lo anterior significaría que en cuestión de minutos la Constitución podría ser reformada, puesto que una práctica del actual gobierno, señalaron, ha sido presentar iniciativas o reformas a otras leyes ante la Asamblea Legislativa, y se han aprobado con dispensa de trámite, sin existir alguna discusión. Además, manifestaron ante la CIDH que el contexto actual del país se caracteriza por la cooptación de la institucionalidad salvadoreña y por graves retrocesos en materia democrática.
“El Salvador está actualmente en una situación de anormalidad constitucional”, expuso Enrique Anaya, uno de los expertos participantes en la audiencia. Anaya se refirió a la controversial reelección del actual presidente salvadoreño: Nayib Armando Bukele.
Para Anaya, dicha reelección supuso la violación de diversos artículos de la Constitución y un “principio básico” de la misma. Él se refirió que, pese a que la prohibición era explícita, los cambios en la materia favorecieron al gobernante en turno. Este escenario, dijo Anaya, ha sido cuestionado por el sistema interamericano pues vulnera principios democráticos constitucionales como la “limitación temporal del mando presidencial”.
“Creemos que esta mutación constitucional ilegítima es el primer paso para la construcción en El Salvador de un nuevo sistema constitucional, por vía de sustitución será una Constitución al modo post constitucional, que en realidad será un aconstitucionalismo: la negación de las reglas básicas del constitucionalismo con división de poderes y derecho fundamental”, agregó Anaya.
Los expertos y organizaciones de sociedad civil solicitaron a la CIDH instar al Estado salvadoreño desechar la propuesta que permitiría que una sola configuración legislativa tenga la autoridad de aprobar y ratificar reformas a la Constitución; que cumpla con las recomendaciones que la misma Comisión ha hecho en informes anteriores, e incorporar a El Salvador en el Capitulo 4 de su informe anual, el cual se dedica a los países con una grave situación de derechos humanos e institucionalidad democrática.
Asimismo, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Panszi, recordó que cada Estado debe otorgar garantías necesarias pertinentes a toda persona que asiste a audiencias con la Comisión. “Dicho Estado no podrá enjuiciar a los testigos, ni peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”, dijo Panszi, citando el reglamento de la CIDH al final de la audiencia.
