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Organizaciones que documentan las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua denunciaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la extrema situación de violaciones sistemáticas a la libertad de asociación que vive la sociedad nicaragüense.
“El Estado nicaragüense ha demolido la libertad de asociación a través de la instrumentalización política del poder judicial, impidiendo por completo el acceso a la justicia frente a las graves violaciones a este derecho”, aseguró Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Las organizaciones afirmaron que el desmantelamiento de la libertad de asociación ha provocado al menos 2,634 cancelaciones arbitrarias y expropiación de bienes de organizaciones de la sociedad civil, cuatro medios de prensa independiente ocupados y confiscados arbitrariamente, asi como 11 universidades privadas canceladas, siete de estas internaciones, a las cuales se les retiró su registro legal.
Guadamuz explicó que las organizaciones recurrieron a la presentación de amparos para detener las cancelaciones y expropiación de facto de sus bienes, pero se enfrentaron a innumerables barreras al momento de interponer los recursos jurídicos.
Hasta la fecha, la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto ninguno de estos recursos, aseguraron.
“Tanto la Comisión como sus relatores especiales expresaron que la grave situación en el país es una prioridad para ellos, señalando que estas violaciones a derechos humanos se merecen una máxima condena; además se reiteró que en el país se vive un “Régimen de terror” que impide a sus ciudadanos organizarse para defender sus derechos”, señalaron en un comunicado las 18 organizaciones que expusieron en la audiencia.
Debido al “gravísimo deterioro de la situación de la libertad de asociación en Nicaragua”, pidieron a la CIDH que exhortara al Estado nicaragüense que detenga inmediatamente la represión del espacio cívico, absteniéndose de continuar cancelando masivamente organizaciones y restablecido las personalidades jurídicas de las ya canceladas.
También pidieron la revocación de ordenes de captura vigentes, liberación de los presos políticos y la derogación de todas las leyes “represivas e inconstitucionales”.
