viernes , julio 12 2024
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Denuncian falta de voluntad estatal para paliar crisis medioambiental


“Año con año va empeorando la situación climática en el país. Los problemas ambientales van en aumento. Lo peor es que no tenemos a los garantes, que son los que deben preocuparse por minimizar o por contrarrestar estos problemas que estamos teniendo en las comunidades y en los territorios”, manifestó Sara Guardado, integrante de la Mesa por la Sustentabilidad del Agua y el Medio Ambiente (MESAMA).


“Los ministerios y el Estado salvadoreño deben preocuparse. Ellos son los que tiene que garantizarnos nuestros medios de vida”, añadió.


Guardado, junto a ambientalistas y representantes de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), afirmaron, mediante un balance ambiental, que en 2023 la crisis, el despojo, la explotación ambiental, junto a la crisis climática, ha continuado escalando niveles preocupantes.


Lo anterior, explicó Luis González, director de incidencia de UNES, afectado principalmente a las comunidades más pobres y vulnerables. En este sentido, enfatizó que, “es preocupante como el nivel de extractivismo ambiental ha aumentado. No solo minería, donde hay amenaza de reversión, sino que, también la extracción del ambiente de bienes, servicios, recursos para la población, pero para beneficio de sectores privados más allá de la capacidad de regeneración”.


Según el ambientalista, en el actual contexto, la legislación ambiental a nivel nacional no se está cumpliendo. Por el contrario, aseguró, se facilita a los “destructores ambientales” para que puedan seguir obrando.


Entre los megaproyectos que destacaron que afectan a comunidades y diversos derechos humanos, mencionaron el Tren del Pacífico, el Aeropuerto del Pacífico, Ciudad Valle El Ángel, la construcción de una octava hidroeléctrica en el río Sensunpán, en Sonsonate, entre otras.


Miguel Ángel Urbina, coordinador de procesos de sustentabilidad de UNES, exigió al Estado salvadoreño la aprobación de una Ley de Seguridad Alimentaria, una Ley de Cambio Climática, una Ley de Prohibición de Agrotóxicos, la adhesión del Acuerdo de Escazú y la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.


Asimismo, demandó que cesen la “política de otorgamientos libre y tramites de autorización de proyectos que dañan el ambiente y a la población” y a respetar los procesos y normas contenidos en la legislación ambiental a escala nacional, así como cumplir con los requisitos de acceso a la información pública de los proyectos, consulta pública y estudios de impactos ambientales.

Con edición de Morena Villalobos

About David Ramírez

Periodista de VOCES

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